La Fiscalía General de la República y autoridades de procuración de justicia de Hidalgo, Tlaxcala, CDMX, Puebla y Estado de México mostraron su rechazo a la jurisprudencia sobre la demanda de amparo, con la que se ordena suspender el cumplimiento de una orden judicial de aprehensión por delitos graves como feminicidio, homicidio, violación, secuestro y delincuencia organizada, entre otros.
En el marco de la Primera Sesión Ordinaria 2024 Zona Centro, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Germán Adolfo Castillo Banuet, Fiscal Especializado de Control Regional en representación del Fiscal General de la República y Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, brindó un resumen de la reunión sostenida.
En su mensaje señaló que se trataron temas relacionados con Modelo de Interconexión Metropolitana, Fortalecimiento de Estrategia para Atención a Delitos sucedidos en Arco Norte, presentación del Proyecto de Interoperabilidad de arcos lectores de placas, entre otros, para atender problemáticas comunes.
“Revisamos y analizamos temas para mejorar la procuración de justicia y escuchamos a los asistentes quienes abordaron temáticas de interés común que coadyuvará a fortalecer la cooperación y estrategias para enfrentar delitos cometidos en la Zona Centro del país e incluso a nivel nacional”, mencionó.
Dentro de estos temas, destacó, se aprobó un acuerdo en rechazo a una jurisprudencia sobre la demanda de amparo, con la que se ordena suspender el cumplimiento de una orden judicial de aprehensión por delitos graves como feminicidio, homicidio, violación, secuestro y delincuencia organizada, por mencionar algunos.
El tema, declaró, fue por demás importante abordar ya que será aplicada en el Estado de México, Ciudad de México, así como en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
“La Fiscalía General de la República y los que integramos la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa a las Fiscalías y Procuradurías de todo el país, rechazamos, en forma contundente, dicha resolución, ya que pone en peligro inmediato a las víctimas de estos delitos, a los ofendidos, y a sus testigos, que quedarán en el más alto riesgo, en su integridad y en su vida, sin la protección con la que deben contar en razón de sus más elementales Derechos Humanos”, enfatizó.
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La impunidad y el estado de indefensión que provocará esta decisión, sostuvo, pueden prolongarse varios meses o muchos años, en cada caso, según se demore el juicio de amparo que cuenta con dos instancias y que inclusive puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ha ocurrido constantemente, en muchos casos.
Ante ello, pidió a la Suprema Corte de la Nación, a nombre de la Fiscalía General de la República, junto con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa a las Fiscalías y Procuradurías que emita un pronunciamiento claro y definido sobre la supremacía constitucional que debe prevalecer en beneficio de las víctimas y de los ofendidos, y de eso hemos hablado durante nuestra reunión.
Entre las exigencias que se hacen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, al pronunciarse respecto de la prisión preventiva oficiosa, tome en cuenta que la prisión preventiva oficiosa es una restricción válida del derecho humano a la libertad, en virtud de que este no es absoluto.
Asentó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7.2 permite que el Estado restrinja derechos humanos a través de leyes y constituciones, como acontece con la prisión preventiva oficiosa.
“Estamos convencidos que deben privilegiarse los derechos de las víctimas respecto de los derechos de los imputados, para evitar la victimización institucional sistemática por falta de garantías a su seguridad”, explicó Castillo Banuet.
Como autoridad, sostuvo, se debe mostrar apertura a escuchar a las víctimas y ofendidos, con el objetivo de que perciban directamente los riesgos a los que se les expondría si se invalida la prisión preventiva oficiosa..
“La eliminación de la prisión preventiva oficiosa tendría efectos negativos inconmensurables en el sistema de justicia y los derechos de las partes, estos van desde el retardo en la conclusión de asuntos, hasta la sobresaturación de solicitudes de revisión de medidas cautelares y el colapso por la insuficiencia del personal involucrado en su atención”, aseveró.
Finalmente estableció que la eliminación de la prisión preventiva otorgaría libertad a cerca de 68 mil personas sujetas a esta medida por delitos de trascendencia penal que afectan los bienes jurídicos de mayor valía.
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