Llegó este miércoles al pleno de la Cámara de Diputados federal, la discusión del dictamen que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que ya se aprobó el pasado lunes en la Comisión de Seguridad Social, con 19 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones.
Al inicio de la discusión, hay que decirlo, se presentó una grave queja de parte de la oposición, en el sentido de que el dictamen no era el mismo que se había aprobado en la citada comisión, por lo que el debate en el pleno se pospuso para el lunes próximo.
De acuerdo con la página de la cámara baja “el Fondo de Pensiones para el Bienestar brindará a los institutos de seguridad social, los recursos necesarios para procurar que las y los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor al monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, reciban un complemento a las obligaciones del gobierno federal con relación a la pensión que se obtenga conforme a las disposiciones aplicables”.
La iniciativa en cuestión ha creado incertidumbre acerca de si está en riesgo el dinero de quienes están en alguna de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES); además, sobre de dónde provendrán los recursos para cumplir con el mencionado objetivo.
De una forma simple, se ha explicado, entre otras cosas, que pasarán a este fondo los recursos de quienes teniendo 70 años de edad o más, no reclaman los reclaman, de lo cual se estima se obtendrían unos 40 mil millones de pesos.
Asimismo, el presidente López Obrador, como lo han consignado los diferentes medios de comunicación, ha señalado que este fondo tendrá otras fuentes de financiamiento, como las utilidades que generen el Tren Maya, el Tren del Istmo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) e incluso el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, aunque los especialistas han subrayado que estos proyectos no están generando ganancias y es cuestionable que las puedan tener en lo que resta del sexenio.
Esta semana, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dio a conocer un análisis sobre la iniciativa de decreto, con el que se pretende mejorar el monto de las pensiones de aquellos trabajadores cuyo monto de jubilación sea menor o igual a 16 mil 361 pesos.
Entre otras cosas, el IMCO cuestiona que el monto del apoyo gubernamental no se especifica en la iniciativa “ya que estará sujeto a las reglas que determine eventualmente la Secretaría de Hacienda. Además, dicho apoyo no se extenderá a todos los trabajadores del país que cumplan con el requisito antes mencionado. Únicamente beneficiará a los empleados del sector privado que comenzaron a cotizar en el IMSS a partir de julio de 1997 y a los funcionarios públicos que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde abril de 2007. Es decir, aquellos empleados que empezaron a trabajar a partir de la creación de un sistema de cuentas individuales que gestionan las AFORES, siempre y cuando se pensionen y el Fondo cuente con los recursos suficientes”.
El instituto, alertó sobre algunas de las implicaciones de la aprobación de este decreto para las finanzas públicas y para los trabajadores. Sobre estos últimos, destacó que aun cuando la iniciativa “señala que los trabajadores y sus beneficiarios tienen el derecho imprescriptible a recibir los recursos de sus subcuentas que hayan sido transferidos al Fondo, el mecanismo de devolución de dichos recursos –junto con los intereses generados–, no está definido aún y podría implicar trámites excesivos, largos tiempos de espera y posibles complicaciones administrativas que podrían desmotivar a dichos trabajadores a ejercer su reclamo”.
Aunado a lo anterior “existe el riesgo de que los trabajadores obtengan rendimientos inferiores a los que podrían recibir si sus recursos siguieran siendo administrados por las Afores y el Infonavit”.
Respecto a las finanzas públicas, el IMCO consideró que existe la posibilidad de que los recursos del Fondo no sean suficientes y el gobierno federal realice tenga que hacer aportaciones adicionales, las cuales distraerían recursos de otras áreas, como educación, salud, seguridad o inversión pública, con todo lo grave que esto es.
En fin, hemos leído y escuchado ésta, sino muchas otras opiniones que advierten sobre lo comprometido para las finanzas públicas que es este fondo y su evidente propósito electoral, lo cual rechazan el primer mandatario y el partido en el poder.
Es innegable que en el país se requieren políticas públicas que permitan a todos, llegado el momento, contar con pensiones que alcancen para una vida digna, pero sin prisas y sin sesgos electorales. Por lo pronto habrá que esperar al lunes para ver cómo se desarrolla la discusión del dictamen, que seguramente será aprobado en las dos cámaras, pero que también sin duda, llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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