A casi mes y medio de que se aprobó la reforma judicial, se continúa viviendo en México un caos en torno al tema, el cual sigue causando incertidumbre en varios sectores del país y acciones de franco dominio y poderío de parte de diversos actores del partido en el poder.
Es un momento muy complicado, de evidente enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, donde hemos visto disposiciones que emite éste último y se niega a acatar el primero, así como imposiciones que todavía pretende aprobar el Poder Legislativo en materia del juicio de amparo, por ejemplo.
El tema ha preocupado mucho a especialistas en derecho de diferentes ámbitos. Por ejemplo, un grupo de 50 académicos de universidades hispanoamericanas entregaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una “amicus curia” (amiga de la Corte), opinión técnica que advierte sobre los riesgos de la reforma aprobada.
Sin embargo, salvo algunas excepciones, el tema no ha causado gran preocupación (o al menos su deslucida reacción o falta de ella así lo dejan ver), en la iniciativa privada del país.
El pasado martes, el empresario Carlos Slim Helú (considerado el hombre más rico de México y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, durante aproximadamente tres horas.
Según lo que declararon ambas partes, en el prolongado encuentro se abordaron temas como la promoción de inversiones, empleo y el combate a la pobreza en México, nunca se mencionó que se haya hablado de este trascendental asunto.
Abordado por los reporteros, Carlos Slim afirmó ver “potencial y fuerza en la economía mexicana”; también anticipó que habrá varios proyectos de inversión en el país, pero nada, reitero, acerca de esta reforma.
Este miércoles, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), insistió en las implicaciones de las modificaciones constitucionales para la competitividad.
En cuanto al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el organismo alertó: “la inestabilidad y potencial rezago en el Poder Judicial y la administración de justicia pondría en riesgo el compromiso que tienen México, Estados Unidos y Canadá para garantizar acceso a tribunales judiciales, cuasi judiciales y laborales para la aplicación de leyes laborales y mercantiles”.
En materia de certidumbre jurídica, previno: “dado que la reforma compromete la profesionalización en el Poder Judicial, estaría en juego la imparcialidad de los juzgadores y, por lo tanto, la certeza de que las empresas tendrán acceso a juicios en igualdad de condiciones”.
Finalmente señaló que la reforma constituye un desincentivo a la inversión, pues “pone en riesgo la capacidad de administración de la justicia del Estado mexicano y, por lo tanto, podría limitar las oportunidades de negocios”.
En septiembre pasado, tras aprobarse la iniciativa presidencial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), lamentaba la decisión y consideró que se trata de “una decisión que no refleja ni toma en cuenta los argumentos presentados por diversas organizaciones sociales, juristas, estudiantes y medios internacionales, quienes expresaron su preocupación por las graves implicaciones de esta medida”.
Advertía que “lejos de mejorar y asegurar la independencia del Poder Judicial, esta reforma lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad frente a intereses políticos y económicos”.
Sin embargo en general, como decíamos, ha sido, al menos pobre, la postura de la iniciativa privada y particularmente de sus dirigentes, pese a que especialistas prevén meses difíciles para el país.
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