Los organismos autónomos sentenciados a desaparecer, tienen al menos una semana más de vida, pues la discusión del dictamen en materia de simplificación orgánica, que contempla su extinción y estaba prevista para este miércoles, se pospuso a última hora para el 20 ó 21 de este mes, con el fin de “mejorar el contenido de la propuesta”, según lo consignaron los medios de comunicación, que reprodujeron declaraciones del coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila.
El ahora expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió el pasado 5 de febrero al Congreso, un paquete de reformas, entre las que se incluyó la que desaparece siete órganos autónomos, a los cuales calificó de “una farsa” y un gasto oneroso para el gobierno “creados para beneficiar a particulares y afectar el interés público”.
La propuesta del exmandatario contempló la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFET) y el Instituto Nacional deTransparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre otros.
Organizaciones civiles, empresariales y partidos políticos han manifestado desde entonces su preocupación, por la eliminación de estos organismos: El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), por ejemplo, señaló que, si bien, uno de los justificantes para la desaparición, es la austeridad, el gasto de estas instituciones para el 2024, fue de 5.1 mil millones de pesos, lo que representa apenas el 0.06 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a este año.
El IMCO alertó que la desaparición de siete órganos autónomos y su traslado a distintas dependencias del gobierno federal implica riesgos para la competitividad de México, que “requiere garantizar la autonomía de las funciones reguladoras, evaluadoras y garantes de transparencia”.
Alertó que existe el riesgo de que las decisiones en materia de competencia, por ejemplo “al originarse desde el Ejecutivo, carezcan de la imparcialidad necesaria que exige su naturaleza y pueden erosionar el clima de inversión y la certeza de las empresas sobre la existencia de órganos que emiten fallos basados en técnica y no en intereses particulares.
Además, recordó que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “exige la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones que sea independiente e imparcial, y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos en el sector”.
En su oportunidad, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), había advertido que eliminar estos órganos “sería borrar los avances que hemos logrado durante décadas para contar con organismos que equilibren el poder, garanticen la gobernabilidad y el respeto al Estado de Derecho”.
Argumentó que estas instituciones sí sirven a la sociedad “pues garantizan nuestro derecho a la transparencia de las acciones de los gobiernos, a la rendición de cuentas, a la protección de datos personales, al cumplimiento de las regulaciones en distintos temas, así como al correcto funcionamiento de las telecomunicaciones y de los mercados a través de la libre competencia y su desaparición “representaría una regresión autoritaria contra la cual los ciudadanos hemos luchado durante décadas”.
A pesar de los cuestionamientos de diversos sectores, especialistas y analistas, en agosto pasado, a pocos días de finalizar el sexenio de López Obrador y luego de alrededor de seis horas de discusión, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas para extinguir estos siete organismos autónomos.
Ahora, el diputado Monreal Ávila, también presidente de la Junta de Coordinación Política aclaró que el dictamen no está retirado simplemente se está revisando antes de presentarlo en el pleno, para mejorar el contenido, pues, tras reuniones con los organismos afectados, se ha tenido la expectativa de enriquecer el proyecto.
Sin embargo, la experiencia de las últimas resoluciones de los legisladores, en casos como la reforma judicial y la reelección en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora la prisión preventiva oficiosa, no dan esperanzas de que pueda haber grandes cambios al dictamen, que muchos califican de regresivo.
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