El Estado de México ya experimenta los efectos negativos de la falta de agua. Por su orografía y clima, nuestro estado es susceptible a la escasez de este líquido y, aunado a ello, en los últimos años ha enfrentado problemas de sequías. Esto último, a consecuencia del cambio de temperatura, así como sobreexplotación de mantos acuíferos, problemas de contaminación y de precipitación.
Como foco de atención amerita hablar de los retos que implica la infraestructura hidráulica de abasto y drenaje que es compartida con la Zona Metropolitana del Valle de México. Es alentador que la gobernadora del Estado de México promueva vías de cooperación y diálogo entre autoridades de diferentes órdenes de gobierno y dependencias públicas.
¿Qué sabemos de la situación del agua en el Estado de México? Según cifras dadas a conocer por Conagua, en el Estado de México existen tres grupos de consumidores de las concesiones de agua. En orden de consumo, tenemos al Sector Agropecuario, que representa el 75%; el Abastecimiento Público, el 20%; y el Sector Industrial, el 5%.
Estas cifras por si solas nos advierten que resulta prioritario incentivar un uso eficiente de los recursos hídricos en la producción de alimentos para consumo humano, forrajes y producción ganadera.
Sin duda, el consumo responsable del líquido vital en los hogares es importante, pero sin una política agropecuaria que reconsidere la gestión del agua en el sector agrícola, la crisis de agua en el estado y en todo el país podría intensificarse en los siguientes años. Al respecto, es necesario abordar el esquema actual de concesiones y subsidios plasmado en la Ley Federal de Derecho, el cual ha mostrado ser ineficiente al beneficiar principalmente a los grandes usuarios, quienes deben pagar un monto solo si exceden en cierto volumen el uso de agua.
Ante las noticias recientes que dan cuenta de la escasez de agua en diversos municipios mexiquenses y alcaldías de la CDMX, es necesario hablar de la capacidad institucional para mejorar la gestión del agua, la cual responde a diversos factores, algunos estrictamente técnicos, pero también de otro orden.
Entre los primeros están la necesidad de mejorar el mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje, así como de la gestión de cuencas hídricas. Sin embargo, esta discusión también debe incorporar otros factores como la corrupción que impera en los organismos operadores de agua a nivel municipal.
Estos organismos son fuente de recursos públicos que operan sin una adecuada supervisión, al depender directamente de la administración municipal, lo que las convierte en espacios idóneos para la corrupción y el nepotismo. Es por ello, que una política del agua debe pasar también por sanear estos entes.