Dentro de tres semanas entrará en funciones la nueva gobernadora del Estado de México, y de su gestión se espera el pronto cumplimiento de lo prometido durante la campaña electoral.
Obviamente, los retos a enfrentar son complejos, y en breve se verá si realmente existe la capacidad de llevar a cabo los cambios necesarios, o si continúa la demagogia y todo va quedando en más de lo mismo. Por ahora, aparte de enarbolar la percudida bandera de la honestidad, los futuros dirigentes hablan de adelgazar y renombrar el aparato burocrático y así generar ahorros, para lo cual se propondrán los respectivos ajustes a la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, con el propósito de compactar y hacer eficientes las 16 secretarías.
Sin embargo, aun concediendo el beneficio de la duda a los resultados de tan brillantes ideas, lo verdaderamente trascendental es designar en los distintos cargos a gente íntegra y debidamente preparada, cuyo desempeño en la materia de su encomienda permita contrarrestar las diferentes manifestaciones del atraso y los graves desequilibrios sociales. Lo deseable es evitar esa terrible plaga de ineptos y arrogantes, formada por cuates, cuotas, parentela y demás parásitos, dogmáticos y cortesanos, especialistas, eso sí, en justificar errores y tratar de llevar al nivel de grandes logros el desastre actual.
Lamentablemente, en el país predomina una forma de gobierno bastante peculiar, donde la lealtad y sumisión se califica con el 90 por ciento, mientras a la experiencia y aptitud únicamente se le asigna el restante 10 por ciento. Los constantes desaciertos cometidos en perjuicio de la vida y el patrimonio de los mexicanos, corroboran que esto es otra forma de corrupción, al llevar a puestos importantes a sujetos poco o nada éticos, sin los conocimientos ni las habilidades requeridas.
Si el objetivo es trabajar por el progreso y el bienestar de los mexiquenses, un requisito básico consiste en elevar a una condición dominante la estricta selección de funcionarios, y constituir de inmediato la llamada meritocracia. Es decir, un sistema de gobierno basado en el mérito de las personas, en el talento, antecedentes y competencias profesionales específicas para desempeñar con dignidad el encargo.
Muchas son las áreas donde es urgente corregir el rumbo. El asunto de la seguridad se ha convertido en uno de los mayores pendientes, pues la realidad muestra una descomposición en aumento, y a consecuencia de ello la población se encuentra intranquila, angustiada, al ver alejarse la posibilidad de vivir en ambientes de paz, respeto y justicia.
Aunque en economía y salud se demandan también mejoras sustanciales, sin duda destaca la atención al tema educativo, sobre todo en estos momentos, cuando el régimen pretende imponerle a la niñez libros de texto defectuosos en lo conceptual y didáctico, inconexos y con lenguaje inadecuado, conocimientos insuficientes y desordenados en ciencias exactas, e ilegales de origen por no respetar los procedimientos establecidos por la ley en su elaboración.
Quien ostenta la formación docente puede reconocer las ventajas de contar con individuos preparados intelectualmente, en el esfuerzo por combatir el rezago, la pobreza y marginación de tantos. Sólo una mente perversa y retrógrada es capaz de contaminar la esencia de un factor de movilidad innegable, susceptible de impulsar la superación personal, familiar y social, de garantizar el uso correcto de las libertades y de fortalecer la práctica de los principios fundamentales de la democracia.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.