En estos días en el Estado de México se llevan a cabo diversas actividades en torno a la corrupción. Tanto la UAEMex como el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, sirven de espacios para dialogar sobre este fenómeno, desde sus múltiples causas y efectos.

Esto se da en contexto singular en el Estado de México, me refiero al arranque de una nueva Administración Pública que promete hacer de la lucha contra la corrupción, uno de los ejes transversales de gobierno.

En este estado de cosas es oportuno reflexionar sobre el combate a la corrupción desde las entrañas del propio sector público, partiendo del reconocimiento que este ámbito se percibe casi por definición como un espacio corrupto y corruptible.

La corrupción es problemática desde su definición. Es decir, no hay un solo enfoque ni una concepción única. Hay, sin embargo, cierto consenso en considerar que la corrupción en el sector público se da a distintos niveles: la de ventanilla, la gubernamental y la estructural, siendo esta última la más perversa.

Es precisamente en la corrupción gubernamental donde la gobernadora Delfina Gómez podría incidir de manera histórica para combatir este flagelo en el estado. Y no es que la corrupción de ventanilla o la estructural sean menos relevantes, pues la primera es la más tangible para la gente, mientras que la segunda supone una lucha más amplia y de largo plazo que implica, por ejemplo, la recuperación de la rectoría de sectores estratégicos para la Nación.

Algo positivo hay en todo este debate. La gobernadora llega con el capital político y de legitimidad democrático necesarios para liderear esta lucha. A continuación, se enumeran algunos elementos sobre los cuales es posible hacer del combate contra la corrupción una verdadera política de Estado.

La planeación gubernamental es clave. Todo el proceso que implica el diseño de programas de políticas públicas deberá ser transparente, sobre todo la política social que se ha dicho será un pilar en el nuevo gobierno.

Adquisidores, concesiones, obra pública, contratación de recursos públicos son espacios que sabemos son susceptibles de ser corrompidos, por lo que una política de identificación de riesgos en estas áreas es indispensable.

Otras armas en este combate son las auditorías gubernamentales que, con toda la técnica que suponen, pueden servir a detectar oportunamente redes de corrupción. A esta lista, incompleta, claro está, se le suma la profesionalización de la burocracia a través del vituperado servicio civil de carrera, la digitalización de los trámites gubernamentales, mecanismos de denuncia ciudadana, así como el oportuno fincamiento de responsabilidades a servidores públicos.