En el marco del día internacional de la Juventud, del día de ayer, es importante deliberar cuál es el panorama general al que nos enfrentamos los jóvenes en nuestro país. Para ello, es preciso apuntar que, según las Naciones Unidas, la edad de los jóvenes es entre los 15 y 24 años. Sin embargo, en México, este rango de edad que pudiera denotar vitalidad, gratificación y desarrollo, en realidad significa que vamos a gozar de menos libertades económicas, sociales y políticas.
Existen dos causas fundamentales que permean los vacíos de lo que somos los jóvenes, nuestras problemáticas, necesidades y nuestro impacto económico y social en el país. En primer lugar, está el hecho de que México no ha ratificado la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, el único tratado internacional que protege a la juventud. En segundo lugar y, derivado de la falta de compromiso con la Convención, es que en México no existe una legislación específica para los jóvenes y que además sea de carácter vinculante. Somos un grupo social al que se le adjudica por un lado la legislación nacional e internacional de los derechos del niño, pero que deja por fuera a gran parte de los adultos jóvenes.
Además, el único instituto en México que trabaja para y con los jóvenes es, el Instituto Mexicano para la Juventud, el cual, aunque muy necesaria su existencia, carece de carácter vinculante y de las herramientas presupuestarias suficientes para llevar a cabo no solo programas, sino también mecanismos de protección de derechos de los jóvenes en todo el país. Este problema con el Instituto se explica también, por la falta de una ley federal que regule los derechos de los jóvenes y por la cual debieran de emanar institutos, mecanismos reguladores y obligaciones por parte de todas las dependencias y entidades del Estado. Ya que las leyes federales son las que propician un mayor margen de acción dentro de las instituciones.
Como consecuencia de los factores antes descritos, nos enfrentamos a retos mayores de los que nuestro cuerpo y mente son capaces de manejar. El principal, es el del acceso a empleos formales, que nos permitan acceder como en un efecto cascada a otros derechos en el largo plazo. El acceso a un empleo formal muchas veces determina el goce de los derechos sociales de seguridad alimentaria, educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y acceso a los servicios básicos de la vivienda.
Según el Boletín de la Situación de las Personas Adolescentes y Jóvenes de México, que toma en cuenta un rango de edad de los 12 a los 29 años, menciona que el 71.8% de los jóvenes tiene al menos una carencia social. Y la de mayor prevalencia es la del acceso a la seguridad social, seguido por las de acceso a la alimentación y acceso a la salud. Lo que significa que la mayoría de los jóvenes que, aunque somos el grupo social que más horas trabaja, somos el menos retribuido. También en este informe, se señala que el 53.9% de los jóvenes percibe ingresos por debajo de la línea de bienestar. Es decir, nos es imposible acceder a la canasta alimentaria básica y se estima que la media de ingreso en la población joven es de $4,095.24 pesos mensuales.
En suma, es un panorama desalentador, que está muy lejos de celebrar a las juventudes. Sin embargo, nos hace reflexionar que nuestros problemas tienen un comienzo, y eso es la falta de una regulación efectiva por parte del Estado.
Anadela Armenta Pellegrini es licenciada en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Guadalajara y especialista en estudios internacionales, diplomáticos y consulares por el Instituto Séneca. Tiene experiencia en la elaboración de proyectos de equidad de género y derechos de los niños. Miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Sociedades del conocimiento y educación del COMEXI.
Pueden seguirla en IG como @anadelaarmentap.
