Desde 2001, cada 20 de junio se honra internacionalmente a todas las personas refugiadas y desplazadas del mundo.
El refugio y el desplazamiento son recursos de sobrevivencia. Saber o sentir que se está en el límite, que la amenaza acecha, pero solo porque no nos ha atrapado todavía, es la advertencia inminente de que debemos huir y preservarnos. En ese momento, buscamos refugio y nos convertirnos en refugiados, solicitantes de asilo o desplazados internos.
Las causas están en las infinitas formas de intolerancia que movilizan los valores, dogmas, credos, identidades, sentimientos, y acciones de las que emanan desconocimiento, discriminación y violencias.
ACNUR registra que en 2022 hubo 108.4 millones de personas forzadas a desplazarse por conflictos armados, violencia generalizada o violación a los derechos humanos.
En 2022, México recibió 75,715 solicitudes de refugio para 119,095 personas. En 2023, recibió 84,985 solicitudes a favor de 140,854 personas, y de enero a mayo de 2024 hay 21,380 solicitudes relativas a 36,860 personas. Los solicitantes son de Honduras, Cuba, Haití, El Salvador, Venezuela y Guatemala y en menor cantidad, de Colombia, Ecuador, Chile y otros países.
Según la ONU, el desplazamiento forzado alcanza a “Toda persona o grupo de personas que se han visto forzadas a escapar o huir de su hogar o residencia habitual, como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia, violaciones a los Derechos Humanos o catástrofes naturales”.
En México, el desplazamiento forzado interno se produce, pero no se registra. De 2006 a la fecha, la violencia regional ha generado desplazamientos en municipios y localidades de Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz y Chiapas.
El desplazamiento forzado interno es un problema público que ha merecido la atención discrecional y solidaria de comunidades y poblaciones vecinas de los desplazados. En contraste, son eventuales las acciones humanitarias de autoridades municipales y localidades de tránsito.
Solo Chiapas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Oaxaca tienen normatividad relativa a la población desplazada. Y aunque el tema ha sido incorporado al Programa Nacional de Derechos Humanos (2021-2024), no hay una ruta clara de política pública, porque sigue sin aprobarse la iniciativa de ley que permita tomar acciones efectivas.
