Mediante una orden judicial las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) fueron obligadas a entregar 47 convenios celebrados entre esta institución y empresas privadas.

Quien promovió el amparo fue el área jurídica de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien sigue la pista de irregularidades financieras ocurridas en el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de esta universidad.

De acuerdo con información de esta agrupación 19 de esos contratos fueron firmados con empresas declaradas por el SAT como fantasmas.

En respuesta, el rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, asegura que han cumplido con todos los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ambas versiones parecerían contradictorias, sin embargo, ilustran el manejo de recursos públicos en México, así como la respectiva óptica de los ciudadanos y las autoridades.

La información de Mexicanos contra la Corrupción, basada en una amplía investigación periodística que incluyó los reportes de la ASF, detecta triangulaciones de recursos públicos destinados a la UAEM.

De un reportaje periodístico pasan a una estrategia jurídica para invalidar los contratos signados por el citado Fondo, lo cual se constituye como una ejercicio de rendición de cuentas desde el empoderamiento de la ciudadanía.

En el otro lado, desde las oficinas de la Rectoría de la UAEM, se opta por una justificación jurídica, aduciendo que han cumplido con las observaciones de la Auditoría Superior.

Sin embargo, en el fondo subiste la duda ciudadana, la cual para diluirse requerirá de un verdadero ejercicio de transparencia al interior de la Universidad estatal.