Ante casos paradigmáticos de corrupción, como el de la Casa Blanca, la Línea 12 o la Estafa Maestra, nos damos cuenta de que la importancia que tiene la transparencia y la rendición de cuentas para prevenir y sancionar actos de corrupción, y para contar con un Estado de Derecho necesario para promover un desarrollo sostenible, donde nadie quede atrás.
Es fundamental incrementar la calidad de las instituciones públicas. Garantizar el derecho humano de acceso a la información, no sólo desde la perspectiva de la apertura de los gobiernos, sino de la apertura del Estado en su totalidad puede ser una vía para alcanzar estas mejoras. Por supuesto, partiendo desde un diagnóstico preciso y propuestas de reforma administrativa concretas, para generar las capacidades institucionales necesarias.
Sin embargo, los sitios web gubernamentales en el Estado de México requieren de muchos avances. Estamos más próximos al modelo de “transparencia opaca”, donde se puede afirmar que existen cuantiosas cantidades de datos con el objetivo de cumplir la ley, pero eso no significa que la ciudadanía cuente con la información suficiente y oportuna (transparencia proactiva), ya no digamos para controlar a su gobierno y saber cuánto, porqué y en qué se invierten sus recursos, sino para tomar decisiones de su vida cotidiana: cuál escuela es mejor para sus hijos, cómo tener una beca, medios para acceder a la justicia, entre otros.
No en vano el desencanto de la ciudadanía mexiquense, su desvinculación social y la desconfianza hacia sus instituciones, misma que se ha reflejado en un desencanto con la democracia, de acuerdo con el Estudio de Calidad de la Ciudadanía del IEEM, de 2019. En el mismo sentido, de acuerdo con el INEGI, la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes aumentó 59.6% de 2017 a 2019; y de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho (WJP), el Estado de México tiene 44% de calificación en gobierno abierto y un 52% en Derecho de Acceso a la Información Pública.
El proceso de designación de personas comisionadas al INFOEM, y la designación en la CODHEM, es una oportunidad para darle a la ciudadanía la posibilidad de que se renueven instituciones que pueden tener un papel clave en la transformación que se requiere consolidar en el Estado de México. Pero también, sería importante que en el marco de un análisis de reforma integral que se lleva a cabo en el Poder Legislativo, se instrumente una reforma que fortalezca a los órganos constitucionales autónomos y, sobre todo, para que no sólo sean órganos garantes de derechos sino también para que faciliten y promuevan cambios que fortalezcan las capacidades institucionales para mejorar la manera en la que los gobiernos sirven a la ciudadanía.
@dcervantesp
