En un contexto mundial marcado por polarización, crisis institucionales y el auge de liderazgos disruptivos, Uruguay se presenta como un ejemplo de estabilidad y civismo democrático. La reciente elección presidencial, que llevó al centroizquierdista Yamandú Orsi al poder con el 49.84% de los votos emitidos, reafirma no solo la solidez del sistema político uruguayo, sino también su capacidad para ofrecer lecciones para el fortalecimiento institucional.
Con una población cinco veces menor a la del Estado de México, este país ha construido uno de los sistemas políticos más democráticos del mundo. Forma, junto con Costa Rica, parte de los 24 países clasificados por la revista The Economist como democracia plena: los únicos dos de la región. Esto se explica por la fortaleza de sus instituciones, el diálogo entre partidos y la participación ciudadana. Como resultado, sus comicios cuentan con altos niveles de confianza, lo que les permite aligerar costos y transitar fácilmente entre un signo político y otros.
En cuanto a la solidez institucional, habría que mencionar que su Corte Electoral está cumpliendo 100 años. Nació con la misión de llevar a cabo el registro civil y organizar los comicios. Desde 1824 es autónoma del gobierno, al grado que se le considera un cuarto poder.
En el caso uruguayo, se identifica una ciudadanía participativa, consciente de sus derechos político-electorales y con un alto grado de cultura cívica. Así, en los comicios del domingo pasado votó casi el 90% del padrón electoral, cifra similar a la alcanzada en la primera vuelta celebrada en octubre y que, cabe mencionar, incluye a las personas extranjeras que han vivido en el país por más de 15 años. Si bien el voto en este país es obligatorio, y quienes no lo hacen enfrentan una multa que equivale a $850 Pesos mexicanos, esta penalización no es diferente a la de otros países con voto mandatorio que difícilmente alcanzan esos niveles de asistencia a las urnas. Lo que en realidad mueve a las y los votantes son las ganas de ejercer sus derechos.
Respecto al nivel de debate entre las fuerzas políticas debe llamar a la reflexión. En esta ocasión la discusión no sólo se centró en las diferencias tradicionales entre izquierda y derecha, sino que tuvo como eje principal a la inseguridad. El incremento de esta problemática generó que el candidato heredero de Mújica culpabilizara al gobierno actual, mientras que el exsecretario de la Presidencia actual de Lacalle Pou, acusó al Frente Amplio de "fracasar" en el combate a las "causas y consecuencias" de la criminalidad.
Aunque difieren en el diagnóstico y en las propuestas, ambos candidatos se comprometieron a reconocer el triunfo. El candidato del oficialismo –el centroderechista Álvaro Delgado– felicitó al ganador la misma noche de la elección. La aceptación de la derrota es un activo de las democracias más civilizadas y nos enseña que, bajo este régimen, nunca hay victorias o derrotas permanentes. De ahí la importancia de respetar las reglas.
Y es quizás ese elemento el que más llama la atención. Con base en elecciones continuas con resultados creíbles, los procesos en Uruguay son bastante simples. En la tradición del Cono Sur, el electorado inserta la boleta con su preferencia a un sobre que se deposita en urnas. No hay papel seguridad, marcas de seguridad ni microtextos. Lo que verdaderamente blinda al sufragio es la confianza entre actores políticos y ciudadanía. De hecho, las Comisiones Receptoras de Voto se integran por funcionarios públicos, sin que ello implique una ventaja para ninguna de las candidaturas.
La tierra de Benedetti nos recuerda que la estabilidad democrática no es un regalo, sino un logro construido a lo largo de décadas de compromiso ciudadano y político. Este país, que sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985, ha sabido consolidar un sistema en el que el poder cambia de manos sin conflictos ni tensiones innecesarias.
¡Enhorabuena, Uruguay!
