Las decisiones en el ámbito gubernamental son asunto de gran relevancia, porque además de los miles de millones de pesos que implican, repercuten en la vida de miles o millones de personas, dependiendo el orden de gobierno (municipal, estatal o federal). La improvisación y los errores tienen costos… y siempre los paga la ciudadanía.
A diferencia de la iniciativa privada donde la empresa asume el costo, en el caso de los gobiernos, quienes deciden lo hacen con dinero de la gente y el desorden o caos que provocan, repercute directa o indirectamente en la sociedad, en el corto y mediano plazo. Por ello, el perfil profesional de quienes asumen los cargos de responsabilidad es clave.
Recientemente, a partir de los escándalos y procesos legales emprendidos en Santiago Tianguistenco, Toluca y Almoloya de Juárez, en contra de sus respectivos presidentes municipales, aunque sean por motivos personales, impactan en el funcionamiento de los ayuntamientos. Han provocado -en los dos primeros- procedimientos jurídicos para resolver sus ausencias y, de manera natural, genera tensión entre las personas servidoras públicas.
¿Hasta qué punto sus actuaciones afectan a la sociedad? Aunque las instituciones tienen las estructuras y ordenamientos que les permiten sostener su operación, sí alteran el ánimo y la percepción con respecto a las autoridades, impactan en la opinión pública de sus respectivos partidos políticos y provocan ajustes administrativos urgentes.
Hay otros casos: Trenes que se ordena construir y se anuncia que concluirán antes de que acabe un sexenio (a pesar de que los especialistas explican que no es posible) e invierten recursos que se duplican o triplican; bicicletas y paraderos que se instalan para mejorar la movilidad y la siguiente administración desecha, perdiéndose el dinero invertido; luminarias costosas que se colocan y meses después ya no funcionan. Todas ellas, decisiones personales de quienes gobiernan.
Deseos de sumarse a competencias electorales y que activan procedimientos legales y administrativos que luego cambian, una y otra vez (caso Samuel García, Nuevo León); destituciones de servidores públicos profesionales a quienes se les “renuncia” para cumplir compromisos personales y colocar a gente que no tiene la formación profesional necesaria o porque hay ánimos regionalistas y se “expulsa” a quienes estorban.
Ante esos casos, surgen algunas preguntas: ¿No deberían sancionarse esos cambios de comportamiento?, ¿es irrelevante que se exija que quienes deciden sobre los temas públicos tengan el conocimiento y la experiencia necesaria?, ¿su elección o designación les faculta para hacer “lo que deseen”, aunque sea producto de un arranque o una emoción?
Ahora que viene el proceso electoral de 2024, quizá deberíamos analizar con mayor cuidado los perfiles de quienes competirán, porque finalmente ellos deciden y paga la ciudadanía.
#TODOCOMUNICA
Será interesante conocer las propuestas ciudadanas para el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029.