En México hay aproximadamente 68 pueblos originarios y cada uno es hablante de su propia lengua, ¿podrían imaginarse cuán complicado es lograr que el 6% de la población cuente con información sobre lo que ocurre en nuestro país? Para 7,364,645 personas hablantes de alguna lengua indígena, de acuerdo al último censo, el acceso a la información es crucial, ya que les permite defender sus derechos, preservar su cultura y fomentar su desarrollo sostenible.
La vinculación entre autoridades estatales y municipales es fundamental para lograr sinergias que permitan el desarrollo de estas poblaciones y sobre todo se fomente una mejora en su calidad de vida.
Derivado de ello, en 2021 resolví el primer caso en el que el Infoem ordenó la entrega de un Acta del Comité de Transparencia del Instituto de la Función Registral (IFREM) en lengua otomí, para garantizar los derechos de esa persona, a través del recurso 4621-21.
Un punto que tomé en consideración para este caso fue el objetivo de desarrollo sostenible, relativo a la reducción de las desigualdades, porque al contar con información en su lengua, pudieran participar de forma más proactiva en los procesos de toma de decisiones que requiera, además de que reduce las desigualdades sociales y económicas al asegurar que sus necesidades sean atendidas.
Sin embargo; este precedente no ha quedado como algo aislado, ya que hay otros mecanismos que hemos impulsado en los organismos garantes, por ejemplo la implementación de planes de acción local de Gobierno Abierto, donde se han planteado estrategias para acercarse a estas comunidades a fin de garantizar que sus voces sean escuchadas y puedan ser resueltas problemáticas públicas, como es en Chimalhuacán con el primer ejercicio municipal; ya que sin lugar a dudas la falta de información o la ignorancia pueden conducir a la desinformación y a la marginación, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión.
La vinculación que ofrecen los planes de acción local, genera una comprensión más profunda de sus realidades culturales y socioeconómicas, además involucrar a las comunidades en el proceso, logra soluciones más efectivas y adaptadas a sus contextos.
Lo anterior, puede abonar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, ya que, si las poblaciones logran usar al derecho de acceso a la información y contar con interlocutores efectivos de comunicación, por medio de programas diseñados en conjunto con las comunidades, se pueden crear oportunidades sostenibles que reduzcan la pobreza.
Es fundamental que tanto gobiernos como organizaciones de la sociedad civil trabajen juntos con visión colectiva, ya que la información no solo contribuye al bienestar individual, sino que también fortalece el tejido social y, en la era digital cada vez hay más conexiones interdisciplinarias y todos merecen una voz y una oportunidad para participar, el acceso a la información se erige como una vía esencial hacia ese objetivo.
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