Uno de los temas más importantes en la actualidad es cómo las nuevas tecnologías del siglo XXI han cambiado nuestra vida cotidiana de muchas maneras en las escuelas, las empresas o el gobierno, así como en el sistema de impartición de justicia, donde ahora es crucial utilizar datos abiertos para garantizar que las decisiones que se toman sobre las personas sean justas y legales.
Así, los datos abiertos cualquier persona puede usar, reutilizar y redistribuir libremente, sujetos únicamente a un requisito de atribución y compartidos de la misma manera en que aparecen en sus fuentes. En el ámbito de la justicia, dado su carácter fundamental para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia y el activismo cívico y al tratarse de recursos estratégicos, la producción, recolección y publicación de estos datos debe estar enfocada a los usuarios del sistema y a sus necesidades legales insatisfechas.
Al poner la información judicial a disposición de todos, la política de datos abiertos garantiza transparencia y responsabiliza al sistema judicial. La ciudadanía puede vigilar el desempeño de los tribunales y los jueces, asegurándose que hagan su trabajo de manera justa y equitativa y, esta información pública, puede identificar áreas de mejora y optimizar los procesos judiciales, analizar la duración de los procedimientos, la carga de trabajo judicial y otros indicadores clave, facilitando la implementación de medidas correctoras.
La transparencia dentro del sistema judicial es un eje transversal con el cual la ciudadanía debe sentir respaldo y seguridad sobre las decisiones que toman estos tribunales, ya que ¡además! tratan los datos personales de las personas que se encuentran en esos procesos, tanto de personas que han cometido delitos y representan peligros para la sociedad o de personas que han sido acusadas injustamente y están en busca de justicia y de la verdad.
Por otra parte, una tecnología a considerar es el Blockchain, que proporciona un registro inmutable de todas las transacciones; esto significa que cualquier acción relacionada con el juicio puede ser verificada por todas las partes involucradas, lo que reduce la posibilidad de fraudes o manipulaciones y mayor transparencia, puesto que utiliza criptografía avanzada, lo que hace extremadamente difícil alterar o hackear los datos almacenados y, aunque la información está disponible para las partes autorizadas, blockchain permite manejar datos personales de manera que solo se compartan cuando sea necesario, protegiendo así la privacidad de los individuos.
Estas herramientas buscan aumentar la confianza ciudadana en las personas que administran justicia, de tal manera que las resoluciones siempre habrán sido transparentes y con información oportuna, eso ayudará a reducir la discrecionalidad y con ello, aumentar la legitimidad de uno de los poderes vertebrales de cualquier democracia: el poder judicial.
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