En días pasados, el Poder Judicial mexiquense inició un Diplomado, con la finalidad de actualizar, capacitar y certificar a las y los licenciados en Derecho de la entidad.
Según la información publicada, se impartirán materias relacionadas con lo penal, familiar, laboral, civil y mercantil, y el evento, se dijo, tendrá un alto valor, pues su planta docente la integrarán ministros, magistrados, jueces y académicos del mayor prestigio nacional y mundial. Los cursos no son obligatorios y quienes decidan no tomarlos de ningún modo se les limitará en su práctica profesional.
Sin embargo, en el Valle de México y en Toluca han surgido protestas de varios integrantes del gremio, no por negarse a recibir nuevos aprendizajes y ser acreditados, sino porque rechazan el costo asignado a cada una de las asignaturas, el cual asciende a la cantidad de 20 mil pesos; es decir, si alguien se inscribe a las cinco, deberá desembolsar 100 mil pesos, más un segundo pago de monto aún desconocido, para obtener la mencionada certificación.
Desde luego, validar la preparación integral en el desempeño de las distintas profesiones y especialidades es indispensable, si se desea generar la confianza y credibilidad necesarias en los usuarios de esos servicios. Una forma adecuada es, precisamente, cumplir con un estricto proceso de certificación cada determinado tiempo, por ejemplo, en periodos de tres a cinco años, donde se puedan constatar la vigencia de los conocimientos adquiridos, la experiencia, habilidades y destrezas, además de los principios éticos, morales y culturales, susceptibles de dignificar la presencia del individuo en los medios laboral y social.
En esta tarea es muy importante el funcionamiento de las asociaciones, colegios y barras, tomando en cuenta que entre sus objetivos está el de promover el desarrollo de sus afiliados en temas generales y específicos, con la realización de diferentes actividades. Obviamente, entre estas destaca la de establecer el requisito de la evaluación continua, con modalidades y procedimientos idóneos, celebrando convenios con las instancias educativas de renombre, a fin de ofrecer conferencias, diplomados, seminarios y congresos a precios accesibles, para no dejar a sus pares a merced del lucro, o de la venta de una instrucción supuestamente de calidad, como si fuera un artículo de lujo.
Por otra parte, si en el nivel licenciatura es obligado obtener la certificación, la exigencia hacia los grados superiores debe ser mayor, por ser los estudios de maestría o doctorado sinónimos de un intelecto y pericia relevantes, siempre y cuando se lleven a cabo con seriedad, y no en una de las numerosas escuelas “patito”. Avalar de modo imparcial y riguroso la formación de estas personas implica, entre otros beneficios, combatir un fenómeno bastante común en estos tiempos, consistente en alimentar el ego con medallas y diplomas, sin poseer, al menos, el talento y las competencias elementales del pensamiento crítico y del saber hacer las cosas.
En resumen, acreditar de manera periódica las aptitudes de un profesional con licenciatura o posgrado, no puede depender del afán monetario de ningún organismo, sino de criterios razonables, orientados a permitirle a la sociedad otorgar un justo reconocimiento a la gente respetable y bien preparada, y al mismo tiempo identificar y rechazar los títulos sin esencia, las arrogantes burbujas académicas, en quienes la simulación llega a sobresalir mucho más que la auténtica sabiduría, sobre todo en el servicio público.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
