Uno de los principales problemas que ha enfrentado el sistema electoral del país en los últimos años tiene que ver con el uso del dinero en los procesos y aunque en otros países la participación de capitales en las elecciones se entiende como una forma de participación ciudadana, en México se sataniza al grado de la prohibición, no obstante los gobiernos han encontrado la manera de eludir el cumplimiento de la ley y lo usan abiertamente para la compra de votos.
Desde hace algunos años en México la participación de los capitales privados está prohibida en los procesos electorales, los candidatos y los partidos no pueden recibir financiamiento de empresas o particulares para sus campañas, la intención original es que las elecciones no se definieran por la cantidad de dinero que se invierte en ellas sino en una especie de responsabilidad y consciencia cívica en la que el dinero no existe.
En otros países se entiende y percibe la participación de capitales en la política como una legítima forma de participación ciudadana en la que los interesados financian a políticos que defienden o promueven en el gobierno las causas que son de su interés, en esta misma lógica, los ciudadanos que no estén de acuerdo con esa misma causa pueden invertir en la difusión de las razones por las cuales están en contra y permitir que los votantes decidan cuál es la que les convence más.
En este tipo de mecanismos el dinero no se utiliza para la compra de votos sino para la difusión de las ideas y propuestas para que los ciudadanos las conozcan y puedan decidir si las apoyan o no, de tal forma que la democracia avanza en función de contar con mayorías informadas que puedan tomar decisiones en función de lo que consideren mejor para ellos y para sus comunidades y países.
El problema en México es que venimos de una amplia tradición impuesta el siglo pasado de compra directa del voto, una forma en la que los partidos y candidatos destinan recursos para pagar a personas que votan a su favor, bajo este mecanismo, no importan las causas o las ideas sino que todo se reduce a la mera obtención del poder por el poder mismo.
Con este antecedente, los políticos en cachucha de diputados decidieron que el recurso de las campañas políticas en México solo puede provenir del gobierno para impedir que los empresarios y ciudadanos se involucren en la política y dejen el monopolio de la misma a os partidos políticos y sus dirigencias.
El problema es que estos mismos políticos han encontrado la manera de utilizar el dinero público para la compra de votos acá través de comprometer a los ciudadanos mediante el uso de los programas sociales y apoyos gubernamentales, lo que le brinda una ventaja injusta en la competencia al partido en el poder porque puede hacer uso de los recursos públicos para condicionar el voto.
Así es que hemos llegado a un punto en que el gobierno entrega apoyos en dinero directamente a la gente con el objetivo de que por agradecimiento, por compromiso o por temor a perder este beneficio, terminen votando a favor de la continuidad del partido en el poder, una compra indirecta del voto en el que los recursos públicos se utilizan en beneficio de un grupo.
Para hacerlo más obvio, el gobierno hará lo que nunca hace: adelantará los recursos de los apoyos en dinero para hacer tres entregas en una emisión, de tal manera que los beneficiarios y sus familias estén todavía más comprometidos con el voto, ya sea por agradecimiento o por no perder un beneficio que se les está brindando, y el día de las urnas acudan a votar a favor de quien les está entregando la dádiva.
Por esta razón es que los gobiernos locales también han empezado a “jugar el mismo juego” a través de replicar las mismas estrategias entregando recursos en efectivo a través de tarjetas “de apoyo social” que son específicamente entregadas entre beneficiarios que, en su gran mayoría, forman parte del partido en el poder y cumplen con ciertos criterios establecidos para justificar el gasto público.
Otra de las acciones que los gobiernos están realizando para la compra indirecta del voto es la entrega de estímulos a los trabajadores como hará el gobierno federal que entregará un “estímulo económico” a las enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por tener algo que debería ser requisito obligatorio de contratación, más aún en tema de salud: título y cédula profesional.
Específicamente el sector salud ha sido uno de los más golpeados en esta administración, no solo por el tema de la falta de medicamentos ocasionado por el propio gobierno y su incapacidad de definir un sistema de compra que garantice transparencia y abasto a los hospitales y que ha derivado en afectación a la industria farmacéutica nacional en beneficio de la extranjera además de una mayor corrupción en la creación de una “megafarrmacia” que está vacía y , consecuentemente, no ha servido para solucionar el problema.
Un sector en el que los médicos residentes han sido menospreciados, a los que se les retuvo su pago, que de por sí es minúsculo en relación con su trabajo y responsabilidad, y que ante el reclamo recibió como respuesta la amenaza de traer médicos cubanos para hacer su trabajo pero no pagándoles a ellos sino entregando el dinero al gobierno de ese país.
La apuesta del gobierno es tratar de comprar el voto de este sector a través de estímulos justificados en requisitos mínimos de contratación que permitirá entregar el dinero directamente a las enfermeras unos meses antes de que sea la jornada electoral esperando que con un mes de sueldo se olviden cinco años de malos tratos y bajas condiciones que han puesto en riesgo sus vidas (porque además de la falta de medicamentos también hay falta de insumos de curación que han obligado al personal de salud a comprar sus propios guantes o cubrebocas para evitar contagios).
El mismo gobierno que impide que los ciudadanos financien a políticos con los que encuentren afinidad por sus causas o intereses en común, gasta recursos de la gente para beneficio de su partido con el objetivo de mantenerse en el poder y limitar el papel de los ciudadanos a la emisión de su voto sin que se involucren en otros temas necesarios para el desarrollo del país, el monopolio de la política para los políticos y la perpetuación de la búsqueda del poder por el poder mismo.
