El pueblo de Estados Unidos ha elegido a Donald Trump para que conduzca el destino de su país por los próximos cuatros años. Se ha tratado de una elección en la que el tema del aborto parecía que podría inclinar las preferencias electorales a favor de la candidata demócrata Kamala Harris, quien tomó el tema como una de sus principales banderas, luego de que en junio de 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos votara a favor de anular la sentencia de 1973, por la que toda mujer tenía derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo.
Sirva la coyuntura internacional para hablar del aborto en el Estado de México, un tema polémico que polariza la sociedad más allá de consideraciones jurídicas o médicas.
El debate sobre el aborto se inscribe en una realidad adeversa para las mexiquenses como lo muestran los altos índices de violencia de género y las múltiples barreras que muchas mujeres enfrentan al buscar ejercer control sobre sus cuerpos.
En 2020, el Estado de México lideró las estadísticas nacionales de violencia sexual, con un promedio de cinco denuncias diarias de violación, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Aunque estas cifras han disminuido, el problema sigue siendo alarmante, evidenciando una falta de respuesta integral por parte del Estado.
Las mujeres que enfrentan situaciones de violencia sexual no solo deben soportar el trauma de estos delitos, sino que en muchas ocasiones también se les niega la posibilidad de interrumpir embarazos no deseados, lo cual perpetúa un cliclo perverso de sufrimiento y vulnerabilidad. Esta realidad, obliga a preguntarnos si la despenalización del aborto es una medida de justicia y de reparación para muchas víctimas.
A nivel federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la penalización del aborto, lo que ha impulsado la legalización en varias entidades del país, hasta ahora 15 estados.
En el Estado de México, el proceso de despenalización ha sido lento. Aunque se han presentado iniciativas legislativas para eliminar los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto, los avances han sido limitados.
Con una tentativa fecha clave en puerta —el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer—, el Congreso del Estado de México podría tomar una determinación histórica para la vida de las mexiquenses.
Ante el talante de tal decisión, es deseable que ésta se de en el marco de un debate legislativo lo suficientemente amplio ante el estira y afloja que enfrentan los movimeintos a favor de ampliar los derechos de las mujeres en México y en el mundo.
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