En los próximos días la Legislatura del Estado de México podría estar aprobando la propuesta de reestructura de la Administración Pública del Estado de México que, a partir del 16 de septiembre, será conducida por la maestra Delfina Gómez, próxima gobernadora de la entidad.
La vía para hacerlo es la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la cual fue expedida en 1981 y desde entonces ha sido objeto de numerosas modificaciones.
Ante la nueva narrativa política y social que representa la Cuarta Transformación resulta indispensable la adecuación del ordenamiento que regula la administración pública del Estado de México, considerando como ejes rectores la austeridad republicana, la reivindicación de la función pública, la honestidad, la cercanía con la gente y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
En este sentido, no sorprende que una iniciativa de este talante sea aprobada próximamente por el Poder Legislativo del Estado de México, de tal suerte que la gobernadora electa arranque su gobierno con un instrumento normativo renovado.
Algunos de los cambios más importantes de esta iniciativa de ley es la creación de la Secretaría del Agua, una medida necesaria ante la crisis del recurso vital que se profundiza en diversas regiones del estado. El problema del “huachicoleo” del agua que sufren municipios como Ecatepec, la sobreexplotación y contaminación de cuencas y acuíferos evidencian la urgencia de una política estatal que coloque al agua como una cuestión de gobernabilidad.
Por otro lado, la iniciativa propone que la Secretaría de Desarrollo Social se convierta en la “Secretaría de Bienestar”. Más allá de un cambio de nomenclatura, esta modificación es relevante porque refleja la promesa de cambiar el paradigma de bienestar social en nuestro estado. Lo que seguiría es un rediseño integral de las políticas sociales para que lleguen a quienes más lo necesitan, sin intermediarios y sin condicionamientos de ningún tipo.
Un cambio que también sobresale es la creación de la “Oficialía Mayor”, la cual se encargaría de “la planeación, programación, presupuestación y evaluación de los recursos humanos, materiales y servicios para el apoyo administrativo y tecnológico que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado”. Tal como sucede a nivel federal, la estrategia del próximo gobierno contra la corrupción podría tener sus pilares en la Oficialía Mayor y la Secretaría de la Contraloría, lo que potenciaría la lucha contra este flagelo desde las entrañas del propio aparato gubernamental.
