Dos temas, muy relacionados entre sí, y muy graves para el país, han generado en los últimos días gran preocupación en el empresariado mexicano, uno de ellos, el asunto de la sobrerrepresentación en la asignación de diputaciones plurinominales para la próxima legislatura federal. El otro, la anunciada reforma al Poder Judicial Federal.
Sobre el primero, en días pasados, a través de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo cúpula de la iniciativa privada en el país, que por cierto, no se ha caracterizado por cuestionar las decisiones políticas, publicó un comunicado en el que señaló que las autoridades electorales “tienen la responsabilidad histórica de determinar, con base en la voluntad ciudadana expresada en las urnas, la asignación de las diputaciones plurinominales”.
Advirtió que lo que está en juego con el fallo de las autoridades electorales “es la preservación de los equilibrios democráticos, el respeto del voto popular y, por ende, la representación política del país”.
La agrupación hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “para realizar la asignación de las diputaciones plurinominales mediante una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución y a la voluntad del pueblo mexicano”.
Por su parte, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), igualmente hizo un llamado a las autoridades electorales a realizar una interpretación “sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución, y a la voluntad del pueblo mexicano”.
La agrupación de la iniciativa privada advirtió en un comunicado “que una representación desproporcionada podría distorsionar el debate público y perjudicar la toma de decisiones democráticas, en la que las minorías sean representadas y escuchadas”.
Las opiniones de estos organismos no fueron vistas con agrado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en el marco de sus conferencias matutinas aseguró que lo que pide el empresariado “es que se viole la Constitución”, la cual, insistió, lo mismo que la ley, es muy clara “y ya se ha aplicado de esa forma en elecciones anteriores”.
En este mismo escenario y notoriamente disgustado, el jefe del Ejecutivo federal, en un hecho inédito, pidió a los cinco hombres más ricos del país, Carlos Slim en primer lugar “que le respondan si están a favor de que se viole la Constitución con la negativa de reformar al Poder Judicial y la virtual integración de la próxima legislatura”.
Decíamos arriba que la distribución de diputaciones plurinominales está muy relacionada con la muy probable aprobación a las reformas al Poder Judicial de la Federación, cuyo punto principal, como bastante se ha dicho, es la elección, por voto popular, de jueces y magistrados.
Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), también publicó un comunicado en el que expresó “su firme respaldo al Poder Judicial Federal (PJF) y a la lucha de miles de trabajadores que han decidido paralizar sus labores en protesta” por esta iniciativa.
Opinó que, de implementarse, las reformas podrían tener consecuencias graves para la justicia en México. La independencia del PJF es un pilar de nuestra democracia y un compromiso que todos debemos proteger”, señaló la COPARMEX y advirtió que el paro indefinido de actividades de trabajadores, jueces y magistrados de la SCJN “refleja la gravedad de la situación y la urgencia de revisar y dialogar las reformas propuestas”.
Consideró que la posibilidad de elegir jueces y magistrados de manera popular, tal como se plantea en la reforma, es motivo de gran preocupación, pues “puede comprometer la independencia judicial, un pilar fundamental de nuestra democracia”.
En fin, vienen horas y días decisivos para el país, con consecuencias no sólo políticas sino económicas que pueden frenar el crecimiento y las inversiones que tanto se requieren para la creación de empleos dignos en México. Aquí se verá de qué están hechos los actores políticos.
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