Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al poder judicial es una realidad desde este 16 de septiembre; con esta modificación, se prevé la desaparición de las dos salas con que cuenta el máximo tribunal, mientras que el Pleno de la SCJN se reducirá de 11 a 9 ministros, que durarán en el cargo 12 años en lugar de 15 como sucede actualmente.
Asimismo, la selección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de 2025 será mediante una elección popular.
Tras este hecho que ha generado confrontaciones, señalamientos, desacuerdos y polémica en prácticamente todos los niveles de la vida pública del país, se prevé que en el futuro inmediato se vuelvan a tomar decisiones que tendrán alcances similares a lo ocurrido durante la discusión de reforma al poder judicial.
Hablamos de las propuestas de reforma para los órganos autónomos. Una propuesta que no puede pasar inadvertida para las y los ciudadanos mexicanos, quienes deberemos estar atentos y preocupados por el camino que tomarán estos organismos que durante años han velado y garantizado los derechos de las personas en todo el país; sobre todo, por la información tan sensible y los datos personales que actualmente resguardan estos institutos.
Debemos recordar que estos órganos autónomos realizan funciones específicas independientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Y de acuerdo con especialistas consultados para El País, estos órganos son fundamentales para la vida democrática del país, ya que su independencia les permite operar sin estar sujetos a las influencias políticas directas, y así garantizar imparcialidad y objetividad.
Tan sólo en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 1 de los 7 organismos enlistados para desaparecer, ya ha tomado medidas y se ha preparado para blindar y asegurar los más de 14 mil millones de registros que hay en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Al igual que con el INAI, debemos estar atentos a lo que sucede frente a la posible desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
En próximos días podremos observar la línea que la presidenta Claudia Sheinbaum seguirá respecto al tema de transparencia, acceso a la información y cómo se garantizarán estos derechos.
La transparencia y acceso a la información es lo que marca el verdadero camino hacia un país con menos corrupción y más apegado a derecho. Dando como resultado que la población cuente con mayor acceso a servicios públicos, de salud y educación.
Lic. Gilberto Javier Sauza Martínez / Vicepresidente de CONCAEM
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