En los últimos días ha venido sonando en prácticamente todos los espacios noticiosos del país, e incluso en el extranjero, la propuesta de reforma al poder judicial. Que, vale la pena señalar, al momento de redacción de esta columna de opinión, ya había sido aprobada en lo general el dictamen en la Cámara de Diputados con 359 votos a favor, 135 en contra y 0 abstenciones.
En lo que respecta al Senado, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma al Poder Judicial. El dictamen fue aprobado sin ningún cambio sobre el documento que envió la Cámara de Diputados y será turnado al Pleno para ser leído este 10 de septiembre.
Pero ¿cuál es la visión que tenemos algunos empresarios dentro del Estado de México? Primero debo señalar que, como abogado mexiquense, me llama poderosamente la atención los pronunciamientos particulares que se han generado desde el Consejo Coordinador Empresarial como máximo órgano de representación del sector privado, así como de los embajadores de Estados Unidos y Canadá en el país, nuestros dos mayores socios comerciales a nivel global.
Sin embargo, pese a la importancia que pueden tener estas voces autorizadas, deben observarse con detenimiento, pero sin perder de vista que son opiniones como parte del sector económico sin que esto represente una intención de intervención en un ejercicio democrático en el que sí debemos estar involucrados las y los mexicanos.
No obstante, cuando se ponen en riesgo o en duda la llegada de posibles inversiones a nuestro país, se deben ponderar todas las aristas en las que se involucra el crecimiento económico, ya que todas nuestras actividades productivas pueden verse afectadas por las relaciones que nuestra nación mantiene con el exterior. En este sentido, calificadoras como Fitch Ratings o Morgan Stanley han considerado que una aprobación de la reforma al Poder Judicial podría afectar negativamente a México en materia económica, política y social.
Si bien en México estamos en un momento crucial donde están aconteciendo cambios sustanciales no vistos en la historia moderna del país, no podemos dejar de lado las consecuencias que estos movimientos pueden generar hacia el futuro. Con diálogo, intercambio de ideas y apertura debemos construir un México con desarrollo, crecimiento, estado de derecho y paz social.
Hoy, una de las partes sustanciales de la discusión se ha ubicado en la elección de los próximos jueces y magistrados por parte de la voluntad del pueblo de México. Sin embargo, se pierde de vista la idoneidad de estos funcionarios que deben responder sin miramientos a las expectativas de justicia que todas y todos merecemos.
En un ejemplo práctico, en un tema de salud, no deseamos que un médico que no cuenta con la experiencia o que no tenga el bagaje suficiente para resolver temas de urgencia esté dentro de una sala de un quirófano y se deje en sus manos la vida de una persona. Las actividades que han de desempeñar jueces y magistrados son funciones jurídicas y técnicas que requieren de una especialización, así como de años de experiencia y estudio para su correcta ejecución.
Estamos frente a una reforma que exige una discusión profunda ya que atañe a prácticamente a todos los sectores de la vida pública y productiva del país; hoy nos toca observar, analizar, cuestionar y proponer sobre lo que es mejor para México y el futuro de nuestras familias.
Lic. Gilberto Javier Sauza Martínez / Vicepresidente de CONCAEM
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