Desde hace décadas el tema de la corrupción ha ocupado un espacio importante en la academia, las organizaciones defensoras de derechos humanos y la sociedad civil que han exigido transparencia en todos los actos que se gestan en los tres niveles de gobierno, en diferentes instancias, incluidos, por supuesto, los organismos autónomos como son los electorales, por ejemplo.
Lamentablemente es un tema vigente que debe ponerse al descubierto, pero, ¿quiénes son parte de la corrupción política? ¿Se pueden identificar? Yo creo que sí al analizar cada una de la actuaciones y conductas que se observan. Ayudan mucho los 3 elementos constitutivos de la corrupción: 1) el incumplimiento de una norma, 2) que la conducta se despliegue por una persona que desarrolla una función pública y 3) la obtención de esta persona de un beneficio ya sea propio o para alguien cercano, familiar, amigo, excolaborador subalterno o de mayor jerarquía.
Hablamos de actos deshonestos, que se cometen por autoridades, públicas, que abusan de su poder o su cargo e influyen en el mal uso intencional de los recursos humanos y/o financieros a los que tienen acceso, sin transparencia o maquillando ésta. Es un tema que daña a la sociedad y a quienes participan de diversos procesos que el Estado, a través de sus funcionarios y funcionarias, pone en práctica como parte de su función y organización de procesos.
Existen diferentes tipos de corrupción que van desde el uso ilegítimo de información privilegiada hasta el tráfico de influencias, las extorsiones, el compadrazgo o el nepotismo, por mencionar sólo algunos.
De acuerdo con Transparencia Internacional el “Índice de percepción de la corrupción 2021” revela que los niveles de corrupción se han estancado en los últimos 10 años, lo que sin duda significa un abuso a los derechos humanos y el deterioro de la democracia, pues la corrupción de los funcionarios o funcionarias para tener beneficios personales o para terceros vulnera los derechos humanos, y con ello, el Estado de Derecho de un país.
En el caso del el Estado de México, de acuerdo con el "Índice de Estado de Derecho 2021- 2022”, se encuentra en la posición 31 de los 32 estados de la república, con un puntaje general de 0.30, lo que significa que tiene una débil adhesión al Estado de Derecho.
Habrá quien seguro pueda ponerse este saco, eso ni dudarlo. Lamentable porque quien lo hace supone carecer de toda ética y moral.
Una recomendación es que se revisara y leyera el pasaje donde a Sócrates, condenado a beber cicuta, le ofrecen la posibilidad de fugarse con la ayuda de un guardia, sin que lo acepte. Si Sócrates no hubiese sido un hombre de convicciones hubiera salvado su vida.
Es claro que la corrupción sigue siendo el cáncer de la vida pública que hay que erradicar.