La democracia que en lo más elemental se compone de dos vocablos el Demos (pueblo) y el Kratos (poder o gobierno) es una forma de gobierno inacabada y en constante evolución, esto significa la posibilidad real de atender las demandas ciudadanas a través de las propuestas legislativas que se generen, finalmente el legislativo es el poder que representa al pueblo (soberano).
Hasta el momento, esa democracia, es lo mejor que tenemos y es así por la gran cobertura y protección de derechos humanos que tutela y protege. México de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una república, democrática, representativa y federal, así lo expresa el artículo 40 y a su vez el 39 que refiere que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo quien tiene en todo momento el inalienable derecho de modificar su régimen de gobierno.
En este marco jurídico nacional se vive actualmente la reforma al poder judicial de la federación. El pasado domingo tras largas horas de posicionamientos y argumentos a favor y en contra de la reforma se aprobó el dictamen que será puesto a consideración de la Cámara de Senadores el día de mañana miércoles, ¿la reforma cumple con lo que se requiere para tener una verdadera justicia en el país?
La verdad es que quizás no, pero ello no significa que no se discuta y se reforme un poder judicial que historiadores como Lorenzo Meyer han considerado desde acontecimientos y hechos históricos un apéndice del poder ejecutivo.
Un poder judicial que en el vox populi está ligado a actos de corrupción y de poca confianza, no solo a nivel federal sino también en el Estado de México y en todas las entidades del país. Aunado a la falta de equidad de género que ha sido una constante a pesar de los últimos intentos de convocatorias exclusivas para mujeres.
La propuesta de reforma tiene puntos que son debatibles, por ejemplo que serán los poderes los que postulen hasta dos personas por cargo lo que significa que exista una alta probabilidad de que ganen las personas impulsadas por quien detenta la mayor fuerza; el Comité que se propone de evaluación tendrá la tarea de generar el filtro de quien avanza y quien no, el costo de la organización de la elección y quienes lo harán si será el INE o los institutos electorales locales o ambos y sus respectivos costos son temas que deben discutirse y tomar decisiones pues su materialización será en 2025.
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A pesar de ello algo claro es que México no será el primer país en el que los jueces y magistrados sean electos por la ciudadanía. En Estados Unidos los jueces son electos. La elección de jueces en nuestro país no implica que dejemos de ser una democracia. Todas las instituciones deben evolucionar, el propio poder judicial tuvo la posibilidad de ser parte de esa evolución, pero decidió mantenerse estático, lo que hoy sucede es una consecuencia de la falta de apertura y flexibilidad que la democracia también advierte y puede sin duda modificar.
