Otra Mirada | Reformar el poder judicial: ¿Necesario? 

En los últimos meses el poder judicial ha sido centro de debate nacional y ha recibido fuertes críticas tanto en su actuar como en los salarios que reciben desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta Magistrados y Jueces en los diferentes ámbitos jurisdiccionales que contrastan no solo con los salarios de la gran mayoría de la ciudadanía sino con la impunidad que se vive cotidianamente.

En nuestro país el poder judicial es parte del presidencialismo que exige que los 3 poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial sean independientes para que no exista la concentración de poder en una sola persona o en uno solo de ellos lo que representa un equilibrio en el Estado de Derecho.

La tarea del Poder Judicial no es menor pues tiene encomendado el control de la Constitución Política, la administración de la justicia y también conocer las causas contra la administración pública. El poder judicial es el encargado de impartir justicia y lo hace a través de jueces y juezas que están obligados a estudiar los casos, interpretar las leyes y determinar las responsabilidades por posibles violaciones a las leyes e imponer sanciones a quienes resulten responsables.

Sin embargo, la impunidad se mantiene como un componente que demanda cambios de fondo al representar un factor de injusticia social que como dice Le Clerq: “afecta el desempeño de las instituciones públicas, la calidad en la dotación de bienes públicos y el disfrute de derechos, que tiene impacto en el ámbito jurídico, político, económico, social y en la vida privada de las personas”. (1)

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2022, México se mantiene con altos niveles, ligada a un alto grado de corrupción, pactos de impunidad política, captura de instituciones públicas por intereses económicos y la penetración de las organizaciones del crimen organizado en las instituciones del Estado.

El Estado de México, Baja California y Veracruz destacan por ser las entidades con mayor grado de impunidad a diferencia de Baja California Sur y Campeche que cuentan con el menor. El promedio nacional se ubica en 60.08 que es alto.

Además, existe una correlación entre pobreza e impunidad que refleja que a mayor pobreza y pobreza extrema mayor es la impunidad, lo mismo que a mayor corrupción también habrá mayor impunidad.

El tema de la reforma al poder judicial tiene extremos, hay quienes defienden al sistema judicial actual habrá que reflexionar seriamente porqué y cuál es su argumentación y hay quienes coinciden en una reforma de gran calado, no creo que los jueces deban ser electos a través del voto popular ya que la naturaleza de su encargo no deriva de la representación política pero sí es necesaria una reconfiguración del poder judicial en donde el centro de su actuar sean realmente los derechos humanos de la ciudadanía.

_{(1) Estructura y función de la impunidad en México. Índice Global de Impunidad (IGI-MEX 2022) UDLA. Capítulo 1 Pág. 13}