La semana pasada, cuatro alcaldes de Hidalgo fueron detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de esa entidad, señalados por participar en la denominada “estafa siniestra”, una red de corrupción presuntamente autora del desvío de 520 millones de pesos, durante la administración estatal previa. El encargado de la dependencia informó que estas cuatro personas no son las únicas involucradas, pues existen 13 carpetas de investigación en contra de igual número de ediles, acusados de los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones.
Y mientras allá la normatividad se aplica con prontitud, aquí, en el informe de la Cuenta pública de 2021, el Órgano Superior de Fiscalización local apenas da a conocer posibles anomalías cometidas en el tercer año de la anterior presidencia municipal de Toluca. En resumen, se habla del aumento de la deuda, saldos no liquidados; gastos sin comprobar; incurrir en subejercicios y sobre ejercicios; adjudicaciones directas; destinar al pago de servicios personales el 47% del presupuesto de la capital mexiquense, etcétera.
Ante esto, las actuales autoridades deberían proceder de inmediato, presentar las denuncias formales y exigir la estricta aplicación de la ley. Motivo de responsabilidad sería favorecer la impunidad y convertirse en cómplices por omisión de hechos reprobables, muy posiblemente constitutivos de delitos.
Lo repetitivo de este tipo de historias permite corroborar el predominio de las tantas formas de deshonestidad, cuando los cargos oficiales se usan para satisfacer la voracidad de una élite. De igual manera, se padece otra fea tradición, consistente en la imposibilidad manifiesta de llevar a los pillos ante los tribunales y obligarlos a pagar sus culpas, al contar con el apoyo de una serie de factores, donde destacan las acusaciones mal integradas o presentadas fuera de tiempo, los ineficientes organismos de supervisión y control, y un sistema judicial plagado de intereses traidores a su esencia.
Para una clase política acostumbrada a no rendir cuentas a nadie, es obvia la necesidad contar con instituciones realmente efectivas, lideradas por funcionarios dignos y valerosos, obviamente no de las características de los llamados sistemas anticorrupción, cuyas estructuras burocráticas sólo se distinguen por ser ineptas, protagónicas y onerosas (la secretaria ejecutiva de uno de estos entes acaba de presentar un anteproyecto relativo al tema que, dijo, lo elaboraron en un año y se tardarán cinco meses más en implementar tan maravillosa aportación).
Desde luego, el problema del desfalco tiene graves consecuencias, y nuestro país las ha resentido y lo sigue haciendo en exceso. Como muestra, ahí están el enorme derroche en obras inútiles y dañinas, en el culto a la personalidad y en mantener en puestos de alta responsabilidad a gente incompetente y sin ética, aunado al criminal endeudamiento, culpable de comprometer el futuro de millones de seres.
Por eso, es indispensable contar con una sociedad activa, capaz de organizarse, de protestar y exigir castigo por los numerosos fraudes cometidos al amparo del poder público. El cáncer no debe permanecer, y mucho menos verlo reflejado en vidas de opulencia y acumulación de fortunas, logradas a costa de saquear municipios, entidades y la propia administración federal.
