En la generalidad de las zonas urbanas el tránsito vehicular caótico es ya un grave atentado a la salud pública, y la pregunta obligada es por qué las autoridades municipales y estatales no muestran el menor interés en evitarlo.
Lo que antes era privativo de ciertos lugares, sobre todo en aquellos colindantes con la capital del país, ha pasado a ser algo cotidiano en las poblaciones mexiquenses, y alcanza niveles de alarma en urbes de la relevancia de Toluca, donde es un verdadero martirio recorrer las arterias principales en determinados horarios. Aunque en el crecimiento del problema es posible identificar diversos factores, sin duda el más dañino está ligado al fallido desempeño y la falta de ética en el sector oficial.
Una evidencia de la descomposición la acaba de publicar este periódico, al corroborar la circulación constante de autobuses, camiones de carga y pipas en los carriles centrales de Paseo Tollocan, incluso excediendo los límites de velocidad, a pesar de la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad, a quienes no les importa el desacato a lo establecido en el Reglamento de Tránsito de la entidad. Desde luego, la situación no es gratuita, pues, según la investigación realizada por el medio informativo, existen convenios con las líneas o empresas para no aplicar infracciones, a cambio de una cantidad monetaria pagada semanalmente.
En las ciudades el panorama se complementa, entre otras cosas, con las limitaciones y complicidad de los directivos y personal de campo, manifestadas en la deficiente planeación de las rutas del transporte público, en la ausencia de supervisión del respeto a las mismas; en la pésima sincronización de los semáforos; en no aplicar estrictamente la normatividad y en otorgar las licencias y permisos de manejo a gente sin los conocimientos, habilidades y cultura mínima necesarios. Desde luego, en el desorden también ha influido el hecho de otorgar concesiones de manera irracional, anteponiendo los convenios entre los poderes político y económico, y no el compromiso de ofrecerle a la población un servicio seguro, eficiente y responsable, con unidades y choferes apropiados.
Las consecuencias están a la vista, cuando la tarea de conducir un autobús, un taxi o una motocicleta, es interpretada por una abrumadora mayoría de los operadores como la autorización para imponer la ley de la selva en calles, avenidas y carreteras. Esto porque, con insultante impunidad, se desplazan por donde quieren, no obedecen los señalamientos restrictivos ni preventivos, maltratan al pasajero y son causa de accidentes, a menudo mortales, debido a lo cual uno duda si en la convivencia social estará presente el sentimiento humano en estos individuos.
Y aún peor es ver el comportamiento troglodita replicado en un buen número de manejadores particulares, hombres y mujeres. Por eso, de tenerse hasta hace algunos años lugares tranquilos y relativamente ordenados, las zonas urbanas y conurbadas se encuentran ahora convertidas en coto casi exclusivo de una creciente colectividad de conductores maleducados, agresivos, adoradores del teléfono móvil y en extremo ignorantes u omisos de las más elementales reglas de tránsito.
Los dos niveles de gobierno tienen en este tema uno de sus enormes retos, y no deben seguir eludiendo sus obligaciones. Sólo mediante una actuación honesta y con autoridad bien ejercida, será posible contrarrestar con éxito la amenaza de que pronto nuestros espacios sean prácticamente intransitables, al convertirse sus vialidades en corredores de humo, ruido y anarquía.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
