Mientras el déficit de las fianzas públicas aumenta, también lo hacen las dádivas con fines electorales, disfrazadas de programas sociales.
En días pasados, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma mediante la cual se eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Con la adición de un párrafo al Artículo 123 de la Carta Magna, se establece la obligación del Estado de otorgar un apoyo económico mensual a jóvenes de entre 18 y 29 años, que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal. La cantidad será de al menos un salario mínimo general vigente y se entregará durante un periodo de hasta 12 meses, con el supuesto objetivo de recibir capacitación para el trabajo en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas.
Aunque dieron su aval, los legisladores de oposición demandaron revisar el programa, ante las acusaciones de corrupción existentes en su manejo. La propia instancia federal responsable de su operación reportó irregularidades por más de 170 millones de pesos al cierre de 2023, derivados de la duplicidad de padrones, moches pagados por los beneficiarios y el uso de organismos fantasma.
Según el coordinador del observatorio Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el sexenio anterior terminó con 4.9 millones de jóvenes fuera de la escuela y sin un empleo. Datos de la Organización Internacional del Trabajo corroboran el estancamiento, retroceso o avances mínimos en este periodo, con respecto a los principales indicadores del sistema laboral, como son: desempleo, exclusión de mujeres, salarios de pobreza, informalidad e indefensión en los derechos.
Sin duda, los programas sociales son necesarios y pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida de los verdaderamente desprotegidos. No obstante, las evidencias muestran una aplicación sumamente desvirtuada, al ser proclives a la deshonestidad debido a su escaso control y poca o nula transparencia, además de haberse constituido en un recurso bastante efectivo, cuando se obliga a votar por candidatos mediocres y de pésima trayectoria.
En muchos casos también producen dependencia, fomentan el conformismo y afectan a las familias, pues los presuntos afortunados llegan al absurdo de no considerar obligatorio devengar un salario, ni utilizar el talento y las habilidades para alcanzar mayores logros económicos, porque los ingresos de subsistencia se los garantiza “papá gobierno”.
Regalar dinero no es la forma idónea de combatir la pobreza y la marginación, y eso lo confirman numerosos estudios. Pero en los políticos de corta y perversa mentalidad el objetivo es ganar elecciones y adueñarse del poder, perfeccionando los instrumentos de dominio y manipulación, de la dádiva clientelar, aprovechándose de las carencias de la gente.
Por eso, no aceptan que la base fundamental del progreso es ofrecer una educación de calidad. Es decir, otorgar el máximo apoyo y trabajar en la correcta capacitación intelectual y profesional de las y los mexicanos, a fin de abatir la gran cantidad de rezagos. Como factor de movilidad innegable, este atributo constituye la mejor alternativa de superación personal, familiar y social, y su contribución es determinante en el esfuerzo por reducir los altos niveles de pobreza, desigualdad e injusticia.
Cambiar la trágica historia de este país requiere de contar con individuos debidamente preparados, cuya percepción y razonamiento crítico permitan, entre muchas otras cosas, impulsar el desarrollo, fortalecer el rumbo de la vida democrática y combatir la preocupante degradación en el servicio público.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión.
