En su condición de país subdesarrollado, México está lejos de tener un sistema democrático consolidado, donde la ciudadanía pueda realmente ejercer sus derechos y tomar las decisiones para la mejor conducción del Estado, a través de mecanismos de participación directa o indirecta.
Esta situación se deriva de varios factores, y entre ellos destaca la ausencia de una efectiva división de poderes, particularmente alentada por el Legislativo, en su mayoría sometido a los intereses del Ejecutivo en turno y no a los de sus electores. Asimismo, está la falta de otros contrapesos, pues en las materias de combatir el abuso, estimular la pluralidad y defender las libertades, mucho han quedado a deber instancias como los partidos políticos, los organismos autónomos, los de la sociedad civil y los empresariales, y desde luego los medios de comunicación.
Otro elemento indeseable es el de la apatía ciudadana, de la falta de cultura cívica, predominante en un alto porcentaje de la población, lo cual ha impedido fortalecer los valores de solidaridad, cooperación y responsabilidad, en favor de las causas legítimas de las y los mexicanos. Algunas de las consecuencias, hoy llevadas al extremo, han sido la degradación de las formas de usar el poder, la decadencia en el desempeño de un amplio sector de quienes ocupan cargos públicos, evidenciada en gobiernos fallidos y en el desprecio sistemático de los principios éticos y morales.
Por desgracia, se viven ahora tiempos difíciles y la situación puede empeorar, ante la amenaza de tener un régimen totalitario y la desaparición de instituciones independientes.
Después de ganar la presidencia mediante una alevosa elección de Estado, con la persistente intervención ilegal del inquilino de Palacio Nacional y de funcionarios afines, del manejo indebido de recursos públicos y la posible injerencia de los grupos criminales, la siguiente consigna es lograr la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, por parte de Morena y sus aliados, el PT y el PVEM. Esto es, apropiarse del 74 por ciento de las curules, cuando el pasado 2 de junio obtuvieron el 54 por ciento de los votos, y reducir al conjunto de la oposición al 26 por ciento de escaños, siendo que obtuvieron el 42 por ciento de los sufragios.
Según se ha publicado, la propuesta del INE es otorgarle a la coalición oficialista 364 de los 500 lugares de la Cámara, con lo cual se superaría el requisito de la mayoría calificada, y eso les permitiría darle gusto al amo y aprobar cualquier reforma a la Constitución. Esto, a pesar de que organizaciones civiles y empresariales, partidos políticos, exconsejeros y exmagistrados, académicos y particulares, han argumentado en contra del absurdo incremento, con base no sólo en la lectura integral y la interpretación precisa de los límites establecidos en la ley, sino también por la exigencia de validar la correspondencia entre el porcentaje de votos obtenidos por una fuerza en coalición y el número de curules asignadas.
Las autoridades electorales están obligadas a actuar con la máxima responsabilidad. Muy por encima de la vil retórica de la ofensa y el engaño, de acusar de conservadores, corruptos y traidores a la patria a quienes se oponen a la imposición de un gobierno absolutista, autocrático o dictatorial, está el respeto a los 27 millones de ciudadanos que no votaron por la continuidad del desastre.
Es indispensable comprender el descontento creciente en el país y aceptar sus causas. Las manifestaciones de los integrantes del Poder Judicial, de la Marea Rosa y otras, son muestras de una sociedad cada vez más consciente y decidida a cambiar este negro y ominoso presente.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
