En México la corrupción es uno de los principales obstáculos para hacer efectivo el Estado de derecho, el desarrollo social y la reducción de las desigualdades.
El supuesto combate a este cáncer ha derivado en la creación de numerosas dependencias, la mayoría compuesta por burocracias onerosas, ineficientes y simuladoras. Con frecuencia presumen realizar cientos o miles de denuncias por posibles actos deshonestos, pero no hablan de las condenas aplicadas en los tribunales, y mucho menos de haber recuperado los activos motivo de las indagatorias.
Hace unos días, el tema se abordó en este diario, con motivo de la presentación del informe 2023 – 2024, por parte de la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del estado de México y Municipios, el cual incorpora al Comité de Participación Ciudadana, al Sistema Estatal de Fiscalización y los Sistemas Municipales Anticorrupción. De la lucha de estos paladines se destacó el inicio de 3 mil 500 carpetas de investigación en la Fiscalía Especializada, la mejora continua en la prevención, detección y sanción de las faltas, la digitalización de los procesos, la firma de convenios y un buzón de denuncias, entre otros éxitos.
A pesar de los tantos casos de descarada y vulgar ambición ocurridos en el pasado, hoy se percibe un escenario más alarmante, al perderse el sentido de lo legítimo, legal y ético, como se ha evidenciado en los grandes proyectos del régimen. En sus diferentes manifestaciones, la enfermedad se encuentra cómodamente instalada en el poder, y a diario los abusos se suman al museo nacional de horrores, sin temor al castigo, gracias a la impunidad, otra de las perversidades propias de la transformación.
Obviamente, en esto tiene una enorme influencia otro factor, consistente en la ocupación de los cargos públicos por gente inepta, pues con la consigna del 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de conocimientos, ya no cuenta el mérito, medido en términos de profesionalismo, experiencia, capacidad, honestidad y prestigio. En cambio, se premia la actitud lisonjera y dogmática del cortesano, y su incompetencia se disfraza con demagogia y costosa publicidad.
Al inicio del presente año, Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional presentaron el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, en el cual se registra la opinión de expertos, de analistas de riesgo financiero, de mujeres y hombres de la academia y los negocios, sobre el desempeño de las diferentes dependencias del ámbito oficial. Por cuarto año consecutivo, México se mantiene estancado en 31 puntos, y ocupa la posición 126 de 180 países evaluados. Es el peor entre los integrantes de la OCDE, y se encuentra lejos de Dinamarca y Finlandia, cuyas calificaciones son de 90 y 87 puntos, respectivamente, y cerca de los 13 de Siria, Venezuela y Somalia.
En circunstancias normales, se exigiría a los distintos niveles de gobierno enfrentar la corrupción de manera cierta, permanente e imparcial; revisar la normatividad vigente y hacerla mucho más severa, donde no se reconozcan fueros ni excepciones, y el tráfico de influencias sea fuertemente penalizado. Asimismo, depurar los métodos de fiscalización y rendición de cuentas, encomendando su puntual cumplimiento a organismos confiables y verdaderamente autónomos.
Sin embargo, con la desaparición del actual Poder Judicial y su renovación por medio de tómbolas y votaciones amañadas, aunado a modificaciones constitucionales absurdas, los distinguidos beneficiarios de la barbarie seguirán estimulando un peligro de alcance nacional, al apostarle a la destrucción de las instituciones democráticas, al desprecio a la legalidad y al triunfo de lo inmoral.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
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