Sin duda, son motivo de asombro e incredulidad los resultados de las elecciones realizadas el pasado 2 de junio.
La ventaja lograda por el partido en el poder y sus aliados es algo insólito, en los casos de la presidencia de la República, del Congreso, de siete de las nueve gubernaturas en disputa y en miles de los otros cargos.
Xóchitl Gálvez queda así muy lejos del triunfo, pero con el reconocimiento, junto con la Marea Rosa, de millones de mexicanos, por enfrentar un aparato de Estado sumamente antidemocrático.
Hablar de un proceso limpio, legítimo, equitativo y en paz es un sinsentido, cuando fue escandalosa la intervención anticonstitucional del inquilino de Palacio Nacional, al violar constantemente las leyes electorales para apoyar a su candidata y atacar y burlarse de la oposición, al grado de hacerse acreedor a decenas de medidas cautelares, emitidas por una autoridad sumisa y medrosa. En la misma línea está el aporte de la mayoría de los gobiernos estatales y municipales, de los grupos del crimen organizado y de 23 mil de los llamados “servidores de la nación”, encargados de extorsionar a millones de beneficiarios de los programas sociales.
El escenario se complementa con las acusaciones de fraude cometido en muchos lugares el mismo día de las votaciones, ante los altos porcentajes del sufragio reportado en las actas en favor del oficialismo, y no existir una explicación lógica capaz de justificarlos. Las evidencias son numerosas y se tienen en entidades como Chiapas y Tabasco, con cifras del orden del 80 por ciento, o en Veracruz, donde la zacatecana Rocío Nahle supera ampliamente a sus adversarios, pese a las acusaciones de presuntos actos de corrupción, cometidos durante su gestión en la construcción de la refinería de Dos Bocas, cuyo costo original, estimado en ocho mil millones de dólares, prácticamente se ha triplicado.
La estrategia de polarizar y la propaganda falaz han sido efectivas, al separar a los críticos de los errores y grandes fracasos, de quienes están convencidos de disfrutar de un régimen de primer mundo, merecedor de eternizarse y no de una alternancia urgente. En consecuencia, seguir con la aplaudida transformación sólo puede augurar, entre otras cosas, la continuidad de la violencia y de los abrazos a la delincuencia; de las graves carencias en salud y educación; la desaparición de los organismos autónomos y la captura del Poder Judicial; el derroche en obras faraónicas caras e inútiles, aunado a la descarada corrupción e impunidad de clanes y pandillas, orgullos del moderno nepotismo.
Con todo y ser ahora un fenómeno de popularidad y simpatía, la próxima presidenta enfrentará retos singulares, de los cuales depende el progreso y bienestar de las y los mexicanos, y la propia estabilidad social. Aparte de su respuesta ante la segura imposición de gente incompetente y fanática en los principales cargos de la nueva administración, se espera la del manejo de una herencia nefasta, consistente en la enorme deuda pública y sus elevadas tasas de interés; el déficit de las finanzas públicas y la atención inmediata a los temas de energía y del recurso hídrico; la terminación y mantenimiento de los elefantes blancos, tipo Tren Maya; la deuda de Pemex de más de 100 mil millones de dólares, y un largo etcétera.
A la ciudadanía consciente y digna se le vienen tiempos difíciles, de lucha y defensa de una población agobiada. Las actuales y siguientes generaciones no merecen nuestra resignación, sino dedicarles el compromiso de no permitir el predominio de gobiernos autoritarios, ineptos, mentirosos y corruptos.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.