El año próximo, cerca de cien de los presidentes municipales y los 75 diputados locales del estado de México tendrán la posibilidad de mantenerse en sus cargos, por la vía de la reelección.
Del grupo de los primeros ya levantó la mano el de Toluca, al anunciar su intención de competir nuevamente y, en caso de ganarle a la “corcholata” morenista, conservar el nombramiento durante otros tres años. El edil justifica su pretensión con el argumento de que es conveniente la continuidad, pues el municipio, según dice, no puede reinventarse cada tres años.
Sin embargo, en el proceso electoral del 2024 el asunto no será así. Es decir, no se apoyará a la actual administración sólo con el requisito de darle permanencia, sino en función de haber cumplido con el compromiso de identificar, atender y resolver una buena parte de las numerosas carencias sociales, de las zonas urbana y rural. Nada ético sería pedir el sufragio de la ciudadanía cuando las evidencias mostrasen la reproducción de las prácticas generalizadas de ineptitud y corrupción, e incluso de la impunidad otorgada hacia los presuntos hechos delictivos del pasado.
Muestras de lo nocivo llevado al extremo lo hemos visto en la capital mexiquense, donde a lo largo de muchos años, pero particularmente en los dos trienios anteriores, se ha padecido el incremento de los problemas estructurales, a consecuencia de haber elegido cabildos mediocres y liderazgos de conducta bastante cuestionada, cuyos patrimonios debieron ser estrictamente investigados en su momento.
Después de varios meses del cambio, en Toluca escasean los buenos resultados, y eso se sigue reflejando, entre otras cosas, en servicios básicos de mala calidad, basura y baches por doquier; recortes en el suministro de agua; comercio informal incontrolable; criminal destrucción del medio ambiente y caos vial cotidiano. Mención aparte merece el fenómeno de la violencia y la inseguridad, aunado a la incompetencia o complicidad oficial, a diario manifestado en los asaltos en la vía y en el transporte públicos, en el robo a casa habitación, o en los hechos delictivos de mayor impacto, todo lo cual atenta contra la aspiración de lograr una convivencia pacífica y lesiona gravemente nuestros derechos fundamentales.
Por eso, ante las formas defectuosas de ejercer el poder, es indispensable una modificación radical del comportamiento de la sociedad en su conjunto, si el objetivo es tener mejores condiciones de certidumbre, orden y progreso. Una población capaz de entender la realidad, consciente de los peligros y deterioro de su entorno, no puede permanecer apática y desorganizada, sin conocer ni ejercer sus legítimos derechos y deberes, y sin hacerlos valer en favor del bien común.
La democracia requiere de una auténtica ciudadanía, activista y no espectadora; libre, informada y decidida a levantar la voz en los temas sensibles no resueltos. Nada justifica continuar tolerando gobiernos deficientes, cuyas limitaciones en cuanto a poseer una visión sistémica, inteligente y solidaria, frenan el desarrollo equilibrado y sostenible de una región, y afectan el patrimonio de las generaciones actuales y futuras.
Como ya se ha comentado en este espacio, es prioritario revertir la degradación de Toluca, exigiendo a funcionarios y habitantes estar a la altura de las circunstancias y cumplir cabalmente con sus obligaciones. Una ciudad de tanta importancia y con historia relevante no puede seguir así, tratada de manera irresponsable y con un presente lleno de frustraciones.
