Con base en lo establecido en la Ley Orgánica Municipal de la entidad, el próximo día primero de enero de 2025 concluirá el proceso de entrega recepción en los 125 ayuntamientos, debido al término e inicio de los respectivos periodos constitucionales.
Esto se realizará siguiendo los lineamientos ordenados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, con la participación de los alcaldes y de los titulares de las dependencias y entidades salientes y entrantes.
Sin embargo, para el Congreso local esto no es suficiente, y por eso se decidió emitir un acuerdo, en el sentido de requerirle a las diferentes administraciones elaborar y remitir al Poder Legislativo un informe detallado, sobre el avance de las reuniones orientadas a los cambios de gestión. Con la finalidad de conocer las conclusiones de lo realizado durante esta etapa, se piden datos específicos en materias tales como gobernabilidad, desarrollos urbano y económico, finanzas, infraestructura, seguridad pública, política social, agua y medio ambiente. El reporte, dicen, permitirá a las y los ediles reelectos asegurar la continuidad del ejercicio, y en los otros casos tener el conocimiento integral de la situación que reciben.
Sin duda, la medida es oportuna, pues con una adecuada justificación de los resultados obtenidos no sólo se habrá de generar una mayor transparencia en los trámites de transferencia, sino también se podrá comprobar en qué medida se fortaleció el servicio y la legitimidad del desempeño, en el supuesto de haber atendido las demandas y necesidades de la comunidad, de manera responsable y con eficacia, eficiencia e imparcialidad.
Tratándose de las nuevas autoridades, su obligación es constatar si lo reportado existe y se apega a las condiciones descritas, particularmente en lo relativo al uso racional y honesto a los recursos encomendados. De no ser así, pedir las aclaraciones de rigor o incluso recurrir a las instancias legales correspondientes, pero jamás dejar sin denuncia las presuntas faltas a la normatividad.
A pesar de su gran importancia, la mayor parte de los municipios mexiquenses no van en el camino correcto, y eso amerita la supervisión objetiva y frecuente de la encomienda, junto con la más estricta aplicación de la ley ante las evidencias de desvío. Por lo general, los liderazgos carecen de profesionalismo y distan mucho de estar a la altura de las circunstancias. Así, la extensa serie de deficiencias deshonran la palabra empeñada a lo largo de una campaña electoral, y hasta pueden derivar en hechos constitutivos de delito, al no dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en los planes y programas oficiales.
Frente a lo complejo de un gobierno de múltiples dimensiones, la incapacidad de gestión, las formas obsoletas de ejercer el poder y la ausencia de una ética pública se traducen en diversos daños al progreso y a la propia dignidad de la población. En tales condiciones, imposible esperar una política municipal inteligente y solidaria, promotora de un crecimiento limpio, seguro y ordenado, tendiente a eliminar las numerosas desigualdades regionales.
Sin ir muy lejos, el caso de la ciudad de Toluca ilustra un presente lleno de frustraciones, al haberse arraigado lo caótico y no poderse resolver los varios problemas estructurales, cuya frecuencia y gravedad aumentan diariamente. Si bien ya la ciudadanía expresó su inconformidad a través del voto y de las constantes expresiones de hartazgo, es ahora prioritario corregir el rumbo, empezando por investigar y denunciar cualquier indicio de corrupción o abuso, pues la indispensable rendición de cuentas impide dejar las cosas en borrón y cuenta nueva.
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Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
