La polémica reforma al Poder Judicial Federal, que desde el 15 de septiembre del 2024 es vigente, permite que las y los integrantes de este, sean electos de manera directa, como hoy se hace en los cargos de presidente de la República, Gobernadores, Presidentes Municipales, etc., solo que en este caso serán Ministros, Magistrados y Jueces en cada una de las materias especializadas como, por ejemplo: Civil, Penal, Administrativa, entre otras.
A nivel nacional se votaran por los integrantes de la Suprema Corte de la Nacional, Magistrados del Tribunal Electoral y los Magistrados del Tribunal de Disciplina, es decir tendremos boletas nacionales y por circuitos judiciales, lo que implica el primer reto para el Instituto Nacional Electoral, el cual desde su fundación en la década de los 90s del siglo pasado, ha contado con el Servicio Profesional de Carrera, y una estructura está basada en los 300 Consejos Distritales y las 32 Juntas locales, lo que le ha permitido instrumentar, junto con los Organismos Político Electorales locales las elecciones concurrentes como las que vivimos en junio del 2024 y que fueron muy exitosas.
La premura con la que el Poder Legislativo ha venido instrumentando las reformas a las normas electorales dejan grandes huecos legales y muchas dudas operativas, lo que ha llevado a que el 20 de noviembre el INE pidió aplazar la elección 90 días, para poder realizarla hasta octubre de 2025.
En escrito enviado a las Cámaras de Diputados y el Senado, la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, Claudia Suárez, hizo la petición y enlistó las tareas que deberá llevar a cabo para ese proceso.
La solicitud se basa en los estudios de las áreas técnicas de cómo impacta en los trabajos de organización los dos meses que no pudieron avanzar, que implica labores logísticas y administrativas, pero incluso, posibles responsabilidades en las licitaciones y contratos para la prestación de diferentes servicios, que podrían incumplir los plazos establecidos en los reglamentos del INE tanto a nivel nacional como estatal.
El Consejo General del INE destacó la complejidad que implica la labor de contratar a más de 50 mil Capacitadores quienes deberán capacitar a los integrantes de las mesas directivas de casilla; además de la definición de cómo se distribuyen geográficamente los puntos de votación es decir la cartografía electoral.
Si a esto le sumamos que los registros para la elección de integrantes del Poder Judicial, ha mostrado poca simpatía e interés, tomando en cuenta que inició el 5 de noviembre y cierra el domingo 24 del mismo mes.
En el modelo que se diseñó, deben llegar a 18 mil aspirantes y hasta el día 19 de noviembre no se llegaban ni a tres mil, lo que hace ver que al menos este primer ejercicio de elección tendrá que sufrir reformas muy rápido, y para las 32 entidades les da un parámetro de los complicado que es el proceso de registro de aspirantes y luego de candidatos, ya veremos cómo se dan las campañas, pero lo único cierto es que esta nuevo modelo nació con defectos de fábrica.
