El pasado 6 de junio de manera conjunta los Diputados Gerardo Fernández Noroña del PT e Ignacio Mier Velazco de MORENA, anunciaron que con su mayoría impulsarán 18 reformas constitucionales, entre ellas al Poder Judicial Federal, cuando inicie la nueva legislatura, el 1º de septiembre y el cambio de la presidencia de la República es el 1º de octubre donde Claudia Sheinbaum Pardo rendirá protesta ante el Congreso de la Unión e integrantes de la SCJN.
Sobre el tema quiero retomar una serie de siete propuestas que presentó dentro del marco del “Seminario sobre la reforma al PJF”, en un conferencia magistral en la Facultad de Derecho de la UNAM el pasado 7 de mayo el abogado, académico y experimentado funcionario por más de 34 del Poder Judicial Enrique Sumuano Cancino, para una reforma administrativa a dicha institución que me parecen relevantes en este debate legislativo.
1. Reforma al Consejo de la Judicatura Federal, que debe pasar por una dotación de contenido en sus funciones, principalmente, la de administración.
Los elementos básicos de cualquier sana administración pública residen en una metódica planeación de su presupuesto, en un escrupuloso ejercicio de sus recursos, y, en una objetiva evaluación de sus resultados. No por nada se dice que todo aquello que no es medible no es evaluable.
2. Implementación desde un inicio de cada administración de un Plan Nacional de Administración Judicial, donde a partir de la participación activa de cada uno de los integrantes de cada circuito judicial y se replique en los 32 tribunales estatales, que permita tener un verdadero diagnóstico individual de las condiciones concretas de los recursos materiales, financieros y humanos en que se desarrolla su función.
Esta forma de planear el ejercicio del gasto judicial que propone el abogado de origen Chiapaneco permitirá tener un válido marco de referencia para poder hacer una planeación nacional judicial de largo plazo. Además, facilita en mucho programar, presupuestar, ejercer y evaluar los presupuestos anuales de manera ordenada, regionalizada, transparente y con un alto grado de rendición de cuentas.
3. Una nueva institución, Consejo Nacional de Administración Judicial, donde sean los actores que están inmersos en el ámbito de lo judicial quienes tomen las decisiones sobre las funciones del poder Judicial, sin intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para dar independencia y autonomía en las funciones judiciales.
El citado Consejo estaría integrado por:
Dos representantes del Poder Judicial de la Federación.
Un representante de los tribunales judiciales locales de entre sus presidentes
Un representante de entre los titulares de las Facultades y Escuelas de derecho debidamente registradas.
Un representante de entre los presidentes de los colegios, asociaciones y barras de abogados, debidamente registradas.
El citado Consejo será presidido por aquel que resulte electo por insaculación.
La duración en el cargo será de ocho años en un único y mismo período.
Estimo que las designaciones correspondientes deben recaer vía un proceso de selección de diez propuestas eligiéndose una por insaculación. El procedimiento respectivo lo llevaría a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Comparto la visión del jurista Sumuano que con esto se terminaría con una indebida intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Poder Judicial, respetando la División de Poderes.