La inteligencia artificial (IA), actualmente tiene una fuerza transformadora en todos los ámbitos de la sociedad, lo que incrementa la necesidad de establecer marcos normativos y prácticas que garanticen su uso ético, seguro y eficaz, por lo que es importante mencionar que en México no contamos todavía un marco regulatorio integral en este tema, solo en el caso de la normatividad en materia de protección de datos personales para el sector privado (LFPDPPP), podría tener aplicación por medio de sus principios y deberes, particularmente el principio de responsabilidad demostrada o proactiva.
Dicha Ley es de 2010, por lo que es importante demandar a nuestras autoridades y legisladores federales, pongan en las prioridades de la nueva Legislatura que iniciará en septiembre, tanto la actualización como la unificación de la normatividad de Datos, que se pongan manos a la obra y legislen con una óptica integral para incluir entre otros, los temas de Ciberseguridad, Neuroderechos y el uso de inteligencia artificial, sobre todo para no se haga de forma indiscriminada y se realice en estricto apego a los principios y deberes de protección de datos personales.
El conocimiento hacía nuestros derechos es el primer paso de su garantía, por ello es sumamente relevante advertir que a nivel internacional ya existen estándares de alto calado para el uso y tratamiento de nuestra información personal, tratándose de implementación de plataformas o aplicaciones con IA, un claro ejemplo de ello, son las Recomendaciones Generales para el Tratamiento de Datos Personales en IA que se aprobaron en 2019, por la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales precisamente en Naucalpan, Estado de México.
Esto da pie a recordar la importancia que tiene que los Organismos Garantes “Subnacionales” como el Infoem, en las redes internacionales para impulsar la adopción y difusión de este tipo de Recomendaciones frente a uno de los derechos más importantes del siglo XXI, que es la protección de datos personales.
De manera global, se cuenta con marcos de referencia, principios, declaraciones, estándares e incluso acciones clave para la implementación de políticas públicas en el uso de IA, a través de los cuales se aborda una amplia gama de aspectos, desde la seguridad y la privacidad hasta la transparencia y la ética.
Al alinearse con estos estándares, los países y las organizaciones pueden asegurar que sus políticas y prácticas no solo sean coherentes internamente, sino también compatibles a nivel global, lo que facilita la colaboración internacional, ya que las empresas y los desarrolladores pueden operar en múltiples jurisdicciones sin enfrentar barreras regulatorias incompatibles. Además, la armonización de las normativas ayuda a proteger los derechos de los individuos y a promover la confianza en la tecnología de IA a nivel global.
En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) se ha convertido en un modelo para la protección de datos, influenciando legislaciones en otros países y promoviendo un enfoque coherente y riguroso en el manejo de datos personales; de manera similar, iniciativas como los Principios de IA de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) del 2019, que nos proporcionan un marco para el desarrollo responsable de IA, fomentando la cooperación internacional y la innovación segura.
No obstante hay que aterrizar estas acciones a nuestras realidades, en la lógica de la oportunidad para la innovación ya que a medida que la tecnología de IA continúa evolucionando, es crucial que los legisladores y las organizaciones mantengan un compromiso con los estándares internacionales, adaptándolos y mejorándolos para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de la era digital.
Lo anterior, a fin de no permitir que nuestra privacidad quede a expensas de los desarrolladores o a libre elección de los algoritmos, por lo que es preciso generar campañas de sensibilización y socialización en torno al uso de estas herramientas y nuestra privacidad, con la finalidad de no ponernos en manos de quienes puedan vulnerar nuestra intimidad en tanto, por ejemplo no exista una normativa específica en México.