Casos paralelos: ISSSTE e ISSEMyM
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que atiende a 2.8 millones de trabajadores y una derechohabiencia de 13.2 millones de personas, está a punto de caer en “quiebra financiera” para el próximo mes de julio, informó su director general, Pedro Zenteno Santaella, durante su pasada comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado de la República.
Los motivos de esta debacle, explicó el funcionario, fue la falta de pago -de cuotas y aportaciones- por parte de los Estados y municipios -incorporados al ISSSTE- y de las dependencias del propio gobierno federal.
Esta noticia la traigo a reflexión, tanto por la magnitud del problema que representa para una buena parte de mexicanos que dependen de ese sistema de seguridad social, como por la similitud que guarda con el actual problema que tiene aún -no creo que ya se haya resuelto- el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), a punto también de entrar en situación de quiebra financiera, al decir de sus anteriores autoridades.
En ambas instituciones, las razones del desastre financiero son las mismas: por una parte, las instituciones públicas aportantes, simplemente dejaron de enterar las cuotas y aportaciones al organismo encargado de la seguridad social -al ISSSTE en el ámbito federal, y al ISSEMyM, en el estatal-; y por la otra, la mala administración y la corrupción que existe en su interior.
Como caso de deshonestidad, Zenteno Santaella refirió la discrecionalidad descarada con que se compran los medicamentos en el ISSSTE: mientras en el Hospital 20 de Noviembre, un antibiótico fungicida se adquiere en “2 mil 640 pesos”, en el área central se compra en tan sólo “208 pesos”. Algo parecido sucede en nuestro organismo de seguridad social, el ISSEMyM: por un mismo medicamento se pagan cantidades diametralmente distintas: sólo por dar un ejemplo: la “Tamsulosina” que los doctores recetan a los hombres de 60 año y más, los laboratorios LANDSTEINER se la vende en $225.44, MEDLEY en $669.49 y RAAM en $1,174.55, precios totalmente dispares. Es evidente, por ello, que en la compra de medicamentos han existido y existen grandes fugas de dinero en perjuicio del Organismo y en beneficio de laboratorios y -difícil no pensarlo- de quienes participan en las adquisiciones.
Estimo por ello, que para atender el problema financiero de estas dos instituciones de la seguridad social y salvar su viabilidad, no existe otra salida: que las instituciones morosas paguen sus deudas con sus respectivos intereses, que en el caso del ISSSTE son las dependencias del gobierno federal, los Estados y los municipios, incorporados a éste, y en el caso del ISSEMyM, el gobierno del Estado, la UAEM y los municipios deudores. Si el incumplimiento del gobierno federal y estatal en el pago oportuno de las cuotas y aportaciones de sus trabajadores ha conducido a la institución prestadora de la seguridad social a un inminente estado de quiebra financiera, son éstos los que están obligadas a salvarlas, cumpliendo con sus obligaciones, independientemente de las acciones que deben emprender las autoridades de inmediato para actuar con determinación en contra de cualquier acto de corrupción.
La petición que hizo el líder de los burócratas, Joel Ayala Almeida, Secretario de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), al presidente de la República, López Obrador, para que se tomase de inmediato el 25% de las reservas actuariales del ISSSTE, que ascienden a más de 96 mil millones de pesos para la compra inmediata de medicamentos, es a mi entender totalmente indebida, pues esas reservas no son para la adquisición de medicamentos, sino para el pago de pensiones.
Por otra parte, no debe olvidarse, que las reservas actuariales no son dinero del gobierno del que pueda disponer el presidente de la República o el gobernador, como lo pretende el líder de la FSTSE y como era común que se hiciera en el Estado de México, sino de los trabajadores, reservados exclusivamente al pago de sus pensiones. Destinar tales recursos a otros fines, incluso de la misma seguridad social, como son los servicios médicos, podría constituir la comisión de un delito. Pero, ¡bueno!, ahora que en la 4T lo justo está por encima de la ley, todo puede pasar, sin que pase nada.
