A finales de los sesentas del siglo XX, estuvo en boga en los centros de educación superior, el libro denominado “El Principio de Peter”, cuyos autores Laurence J. Peter y Reymind Hull concluían, después de estudiar más de 100 empresas, que los trabajadores que realizan bien su trabajo, son promovidos al puesto superior inmediato, y así hasta encontrar su nivel de incompetencia.
Este principio, aunque parte de la iniciativa privada, tuvo sus aplicaciones en la administración pública, de tal manera que con frecuencia se podía observar, cómo un trabajador operativo eficiente era ascendido a jefe de departamento; si en este cargo se desempeñaba bien, con el tiempo era promovido al nivel de Subdirector, y así a niveles superiores, hasta ser palpable que había llegado a su nivel de incompetencia.
Lo anterior viene a colación, por el evidente nivel de incompetencia con que se ha manejado la pandemia del COVID-19 en México, por parte del presidente López Obrador y del Subsecretario López Gatell, que a decir de propios y extraños ha sido totalmente errático, teniendo como consecuencia daños incalculables a la economía, que caerá hasta el 8.8% según estimaciones de instituciones serias, y la pérdida de vidas humanas cuyo número ha superado lo nunca imaginado por el sub Secretario López Gatell.
Los errores están a la vista: pese a que el primer caso positivo en México se detectó el 27 de febrero, no fue sino hasta el 30 de marzo cuando se decretó la Emergencia Sanitaria: durante esos 32 días el virus se internó en país sin que hubiera medidas que lo contuvieran. El decreto, además de ser tardío, fue errático: siguió el modelo de Suecia, cuyo responsable Anders Tegnell renunció la semana pasada ante el fracaso de la política “light” que propuso y el número de contagios (40,803) y muertos (4,542) alcanzados hasta el pasado 3 de junio, en tanto los países limítrofes, cuyos gobiernos habían impuesto medidas durísimas como: cerrar sus fronteras, paralizar la industria, confinar a la población en sus casas, realizar pruebas para detectar el COVID-19 y utilizar cubre bocas, de manera obligatoria. El resultado obtenido hasta esa misma fecha fue claro: Dinamarca, 580 defunciones; Noruega, 237; y Finlandia, 321.
La diferencia estuvo en que Suecia prefirió cuidar la economía y respetar las libertades, mientras que Dinamarca, Noruega y Finlandia, la vida de las personas.
El decreto de Obrador-Gatell, desfasado por lo menos 32 días, fue también respetuoso de las libertades y la economía siempre estuvo por encima de la salud y la vida los ciudadanos. Si bien limitó las actividades no esenciales, el Decreto no fue obligatorio: recordemos “nada por la fuerza, todo por la razón”. No se atrevió a cerrar las fronteras, a pesar de que otros países lo habían hecho; se concretó a establecer la “sana distancia”, el “lávate las manos” y “el “quédate en casa”, como acciones medulares del plan para combatir la agresividad de la enfermedad, medidas que como todos sabemos, han sido muy relativas en la práctica; y sin embargo, López Gatell se opuso abiertamente a la práctica de pruebas para detectar el coronavirus, por no ser necesarias o ser muy costosas, así como al uso del cubre bocas, recomendadas por la OMS.
Y sin embargo, los resultados del modelo Gatell están a la vista: hasta el viernes 5 de junio, 110.000 contagios comprobados y 13,170 muertes. A estas alturas, el manejo de la enfermedad se ha vuelto caótico, nadie sabe en dónde estamos, hacia dónde vamos y qué nos espera. López Gatell, ha enloquecido con las cifras; debiera irse, por haber llegado a su nivel de incompetencia.
