El presidente Andrés, Manuel López Obrador denunció públicamente en la mañanera que un magistrado está frenando una orden de aprehensión para un presunto segundo tirador en el caso, Colosio (hecho ocurrido en 1994); las formas presidenciales no sólo dejan ver una nueva herramienta de ataque en contra del Poder Judicial, también deja en evidencia la sumisión de la Fiscalía General de la República (un ente que se supone autónomo de la Poder Ejecutivo) con el gobierno federal para el tratamiento de algunos temas.
El Presidente dijo en su conferencia que “En el caso del asesinato del candidato Colosio, ¿se acuerdan que hablamos de cómo un juez niega la orden de aprehensión? Pues ya tengo el informe de la Fiscalía en donde se está esperando una resolución. Se presentó un recurso de queja y el juez no quiere resolverlo”, el comentario dio pie para la presentación de dicho informe en el espacio de información del Presidente.
Partimos del supuesto que la Fiscalía ya es independiente del Poder Ejecutivo, el mismo Presidente, en distintas ocasiones, ha dicho que respeta el trabajo que realiza la dependencia de justicia; sin embargo, en los hechos no es la primera vez que el mandatario hace notar que esta institución actúa bajo instrucciones presidenciales o, al menos, de la mano para atender temas que son del interés presidencial.
Más allá del interés, legítimo o no, que pueda tener la Presidencia de la República, en resolver el caso Colosio y en que se llegue a saber la “verdad histórica” de lo que ocurrió aquella tarde del 23 de marzo en Lomas Taurinas; queda claro que hay una intención política en utilizar un tema que genera mucho interés en la opinión popular para convertirlo en un nuevo elemento que sume a la narrativa de la necesidad de una reforma al Poder Judicial, tal como la está presentando el Poder Ejecutivo.
El problema en esta situación es que por privilegiar el interés presidencial de atacar, al Poder Judicial, también se están revelando datos que deberían mantenerse bajo resguardo debido a que se trata de una investigación abierta, específicamente el nombre de Jorge Antonio Sánchez Ortega como el presunto segundo tirador en el caso Colosio y que ahora se ha hecho público a partir de la información que el propio Presidente difundió en su conferencia mañanera.
La divulgación de esta información, podría echar por tierra el trabajo de la Fiscalía al violarse el debido proceso, en el sentido de que la defensa podría alegar que al hacer público el nombre, se esté violando la garantía de presunción de inocencia del acusado, y con ello se elimine la posibilidad de que este, más allá de lo que pueda determinar un juez o un magistrado, ya no cumpla con lo que estipula la ley para poder enfrentar el juicio como corresponde.
Dicho de manera directa: existe la posibilidad de que debido a la divulgación de la información sobre el caso de un presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, Jorge Antonio Sánchez Ortega pueda evitar enfrentar acusaciones o cargos dado que se ha violado su presunción de inocencia.
Evidentemente, si la Fiscalía está trabajando de la mano con el Poder Ejecutivo federal, no habrá ninguna denuncia ni ninguna acción de la justicia, en contra de la divulgación de la información que se hizo y mucho menos del Presidente por haber generado esta afectación al debido proceso, pero es un hecho que si el caso se llegara a caer por esta circunstancia, habría una responsabilidad de parte del mandatario por haber abierto la puerta a que este presunto segundo atacante, quede impune e incluso libre de cualquier investigación.
Es evidente que la intención del Presidente es que la mayoría de la gente, que además no está bien informada, califique como una acción incorrecta de uno de los miembros del Poder Judicial en un caso que es de interés general, pero que, en estricto sentido, no afecta ya de ninguna manera la vida política o social del país, más allá del interés histórico que significaría conocer la realidad del hecho y, principalmente, si es que hubo un grupo de personas que se coludieron para llevar a cabo el magnicidio del entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, y entonces sí, conocer el nombre de estas personas.
Ahora bien, queda claro que es necesario llevar a cabo una reforma al Poder Judicial, pero no la que está promoviendo la Presidencia, sino una reforma integral y completa que provenga de un análisis profundo y amplio por parte de los juristas del país, que lejos de una postura o un posicionamiento político, antepongan los intereses jurídicos que le den certeza y fortalezcan las características necesarias para un Poder Judicial robusto que sirva de contrapeso a los otros dos Poderes, pero sobre todo, que le permita defender de mejor manera los preceptos constitucionales que integran nuestra Carta Magna.
Como le ha funcionado hasta ahora al Ejecutivo federal, la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, se ha centrado entre el hacerla o no, y se ha alejado del cuestionamiento, muy válido, de si es necesaria esa reforma que el Presidente está proponiendo o si es posible llevar a cabo una distinta que el lugar de someter a uno de los Poderes del Estado a los intereses de otro, le permita fortalecer su independencia y robustecer su esencia.
Más allá de las acciones presidenciales realizadas en la mañanera de difundir información sensible de un caso abierto, que pone en riesgo la posibilidad de investigación y la consecuente revisión en tribunales, se están anteponiendo un deseo personal para el sometimiento de un Poder a otro, sin importar las consecuencias que esto pueda tener en un intento descarado de manipulación de la opinión de la gente mientras se mantiene la discusión en torno a la propuesta exclusiva del Presidente, anulando cualquier posibilidad de una visión diferente en este tema.
Lo que nos permite ver esta acción es que no solo se trata de llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, que en estricto sentido dado el número de votos que Morena y su aliados tienen en las cámaras, estaría garantizado; sino que se trata también de evitar que la gente considere esta acción como un acto autoritario y lo perciba, más bien, como algo necesario para el país, porque solo de esta manera se podrá considerar como algo que perdure en el tiempo. Ese es el asunto de fondo.
