Pensé escribir sobre la valla de púas del Senado, que no existían cuando Noroña se arrojaba en medio de las fuerzas de seguridad del poder legislativo para manifestarse. Pensé declararme en contra de esa política que limita el libre tránsito de los ciudadanos en los espacios públicos y en la Nación. Vallas que rodean el Palacio Nacional, limitando su acceso al histórico edificio.
Vallas en el edificio de gobierno del Estado de México, alrededor de cámaras legislativas federales y estatales. Algunos edificios han tenido que ser tapiados, para que los manifestantes no rompan los ventanales, porque las policías no detienen a quienes dañan los inmuebles, sólo los miran impotentes, porque la ley y la legalidad han sido sobrepasadas por politiquerías, que no ayudan al orden.
Pensé escribir sobre las vallas, cuando corrió la noticia de que manifestantes de Ayotzinapa, lanzaron petardos -que más parecen bombas caseras- al edificio de la Secretaría de Gobernación Federal, donde despacha Luisa María Alcalde y las fuerzas de seguridad se limitaron a observar y lanzar gas lacrimógeno, en lugar de detener a los agresores y manifestantes, que a gritos, pedradas, consignas, pinta de bardas, ruptura de ventanas e intentos de incendio en puertas de edificios históricos, exigen se cumplan sus peticiones volviendo la violencia en acto común y poco excepcional.
Con tales ejemplos, como esperar que los grupos delincuenciales que dominan al país y amenazan la paz de los mexicanos, no delincuentes, sean controlados, sancionados, encarcelados, para que comprendan que quien rompe la ley y es violento, se hace acreedor a una sanción y al encarcelamiento por ser un peligro para la sociedad, para el orden público.
No es posible que casi 130 millones de mexicanos vivamos con temor ante la ineficiencia de las autoridades que se dejan dominar por 200 mil delincuentes, detienen a 6 mil cada año, mientras las organizaciones criminales contratan al mes, entre 300 y 500 personas.
La inseguridad domina al Estado de México, todos los días escuchamos de asesinatos en las calles de todas las ciudades y aunque más de 2 millones de personas que habitamos la zona metropolitana del Valle de Toluca y casi 20 millones la de la ciudad de México, sufrimos las consecuencias, mientras las fuerzas del orden llegan a casi 270 mil elementos en la capital y la del estado de México ronda los 20 mil efectivos sin que haya una sensación de seguridad, que actualmente se percibe presente, pero ineficiente e inestable.
Una seguridad a modo donde se agradece al estado benefactor que nos ayude a sobrevivir cada día en medio del temor y los colgados de los puentes.
Es penoso saber que el quinto empleador de mano de obra en México, es el crimen organizado y los mexiquenses ocupamos el segundo lugar en el ranking de inseguridad nacional.
Recuerdo la época de Rios Galeana, allá por los años 70s del siglo pasado. Un comandante del Batallón de Radiopatrullas del Estado de México, BARAPEM, quien terminó entre los criminales mas buscados del país, entonces, quienes hacían las detenciones sobresalientes eran fuerzas militares que libraban una guerra contra el crimen organizado, para proteger a los ciudadanos.
Hoy, pareciera que la violencia se administra para que la población crea que se hace algo, que se trabaja por la seguridad, para acabar con los secuestros, las violaciones, los asesinatos en las calles de la ciudad, la inseguridad que da caminar por las calles a deshoras y no poder dejar salir a nuestros hijos a jugar en la colonia.
pedro_gomez77@hotmail.com
Licenciado en Comunicación por la UAEM
Maestrando en Periodismo Político por la EPCSG
