Se ha declarado la extinción de casi una veintena de entidades públicas orientadas a proteger la vigencia de derechos ciudadanos y vigilar asuntos de interés público. Tomó décadas constituirlas, bajo el principio de que los gobernantes no son ángeles, por lo que deben existir herramientas para limitar sus excesos y obligarlos a rendir cuentas.
La supresión de estos entes obedece a la última de las 19 iniciativas de reformas constitucionales firmadas en febrero pasado por el expresidente López Obrador en su llamado “Plan B”. Incluye al Instituto Nacional de Transparencia, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y las comisiones Federal de Competencia Económica, Reguladora de Energía, Nacional de Hidrocarburos y Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
El mismo país que trabajosamente diseñó esas agencias acaba de presenciar su aniquilación por parte del Congreso, cuyas sesiones se han convertido en una noche de cuchillos largos con un guion único. En nuestro escenario parlamentario todos los actores compiten para demostrar quién es más vociferante, más radical y servil. Se confunden los líderes con la claque; los otrora políticos de temple y mesura con los gañanes de nuevo cuño.
Es necesario arriesgar balances iniciales. Para subrayar las pulsiones de opacidad y concentración de poder del oficialismo y escudriñar el destino que pueden tener esos nuevos derechos. Pero también, para apuntar errores y abusos que en esos órganos podrían haberse cometido.
Le presento una primera entrega sobre el INAI, establecido por ley en 2002 ante el impulso de diversas y convergentes iniciativas, ciudadanas y académicas, lo que estuvo acompañado por segmentos del naciente gobierno de la transición encabezada por Vicente Fox (2000-2006). Se trató, sin duda, del mayor “jalón” democrático en muchos años.
En 2007 se dio un nuevo ciclo de reformas en este campo, incluida una a la Constitución en su Artículo 6°’. Se marcaron ejes para los ámbitos federal y estatal. En 2014 se modificó de nuevo el mismo artículo, dotando al INAI de autonomía constitucional y creando la Plataforma Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Transparencia. Este último murió antes de nacer por la apatía absoluta del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto. Sería secundado y extrapolado, al extremo, en la era de la llamada cuarta transformación.
No será necesario darnos un plazo para descubrir cómo será el nuevo orden de cosas por lo que toca a transparencia. La organización Fundar ha reportado la declaración de inexistencia a 42 mil 562 solicitudes de información pública entre diciembre del 2018 y octubre del 2022. A ello hay que añadir el radical aumento en las negativas de entregar información, en especial sobre las obras emblemáticas del pasado gobierno; decretos presidenciales para reservar la misma, así como amparos contra las resoluciones del propio INAI.
De acuerdo con la reforma a la ley de la administración pública federal, las tareas del INAI serán asumidas por la denominada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buerostro. El atropellamiento que acompañó este proceso quedó en evidencia en que la nueva normatividad no menciona siquiera a la referida Plataforma Nacional de Transparencia.
La señora Buenrostro es un personaje estrechamente ligado a López Obrador, por lo que existe la percepción de que la nueva dependencia se constituirá en un centinela del legado obradorista. Un espacio que presumirá la misión de “purificar” al servicio público, de ahí lo estrambótico de algunas atribuciones que le fueron asignadas, como aplicar exámenes toxicológicos a los funcionarios públicos. Otros menos optimistas, sin embargo, creen ver ya el nacimiento una “Santa Inquisición” de la 4T, que exigirá profesión de fe y estricta observancia del nuevo evangelio.
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