El Diccionario breve de mexicanismos de Guido Gómez de Silva define Sabadazo como: “(De sábado.) m. Maniobra para impedir que un inculpado evite su aprehensión por no poderse ejercer el recurso de amparo en domingo (día en que no funcionan las oficinas públicas)”; el término no puede ser mejor aplicado cuando se trata de publicación de las reformas a la Ley de Amparo (precisamente) y a la Ley de Amnistía el sábado previo al domingo en que se celebra el Día del Padre.
Los cambios realizados a estas leyes fueron aprobados el 24 de abril por la mayoría legislativa de Morena muy a pesar de los partidos de oposición que, como ocurrirá también en la siguiente Legislatura federal, nada pudieron hacer para evitarlo y es que, aunque podría parecerlo, las modificaciones no son menores debido a los alcances que pueden implicar.
La página del gobierno federal define a la amnistía como “el instrumento mediante el cual se concede el perdón por la realización de actos delictivos a aquellas personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, que tiene como efecto la extinción de las acciones penales y sanciones impuestas. Dicho beneficio se materializa a través de la Ley de Amnistía, en la que se encuentran plasmados los supuestos que una persona debe acreditar para acceder al mismo”.
La reforma a la Ley de Amnistía deja atrás dos cuestiones importantes que se mencionan en el sitio del gobierno federal: primero que es concedida a “grupos sociales en condición de vulnerabilidad” y segundo, que se deben acreditar ciertos supuestos como parte de un proceso.
La reforma a la Ley le permite al Presidente de la República en turno otorgar la amnistía de forma directa a cualquier persona sin importar el delito que haya cometido (narcotráfico, violación, abuso sexual, homicidio, el que sea) y tampoco el que se encuentre en proceso o ya haya sido sentenciado, simplemente se le perdonará todo a cambio información para conocer “la verdad” en hechos que el Estado mexicano considere “relevantes”.
La indefinición de la Ley es importante porque ¿quién determina la relevancia de los casos de interés del Estado mexicano? Y otra cosa: La Ley no señala que sean casos que la sociedad o el pueblo mexicanos consideren relevantes, por lo que temas que puedan ser de interés social o popular el Estado puede considerarlos irrelevantes (como actos de corrupción de funcionarios de primera línea o sus familiares) y negar la amnistía de forma directa para conocer sobre ellos; dicho de otro modo, no es una decisión que valore la voluntad del pueblo sino el deseo del Poder Ejecutivo.
Básicamente, el Presidente de la República en turno puede otorgar el perdón a quien sea argumentando que dio información relevante en algún caso y no necesita demostrar que así haya sido ni revelar la supuesta información otorgada para conocer la verdad y, es más, ni siquiera está obligado a decir de qué caso en particular se trataba; con lo cual la Ley de Amnistía es una carta abierta para otorgarle el perdón a quien sea por lo que sea sin tener que dar explicaciones de nada.
La segunda reforma tiene que ver con la Ley de Amparo y resulta más grave y perjudicial para la sociedad. La figura del amparo básicamente protege a los ciudadanos de las acciones de la autoridad que podrían vulnerar sus derechos humanos; es un mecanismo que evita que la autoridad abuse de su poder en perjuicio de la gente del pueblo.
La esencia de la Ley, hasta antes de la reforma, era que los jueces, el Poder Judicial, pudieran brindar la protección legal a los ciudadanos obligando a que las cosas se mantuvieran como estaban al momento en que una persona solicitaba la protección y así evitar que continúe ejecutándose el acto que el afectado afirma que vulnera sus derechos humanos hasta que un juicio determine en firme si es así o no.
La Ley establece los casos en los que los jueces no pueden otorgar los amparos pero también señalaba una excepción: “El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo [para negarla], si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social”, es decir, si la solicitud caía en el supuesto de negar el amparo pero al actuar de ese modo el juez afectaba a la sociedad, el juez debía otorgar el amparo; punto. Bueno, desde el sábado, el interés social ya no importa y se impone la voluntad del gobierno, el párrafo fue borrado.
La reforma en la legislación de derechos humanos, aplicada desde 2011, y otros ordenamientos internacionales permitían aplicar los efectos de un amparo a leyes generales que no solo beneficiaban a los solicitantes sino a la sociedad en general pero eso ya no será posible. ¿Cómo nos afecta eso?
El ejemplo más claro fue el Plan Nacional de Vacunación que durante la pandemia no incluía a los menores entre 12 y 17 años en las primeras jornadas de vacunación, pese a ser un grupo vulnerable en caso de contagio, los amparos particulares permitieron que, de manera general, el gobierno estuviera obligado a modificar dicho Plan para brindar vacunación infantil contra el Covid-19. Algo así ya no podrá ocurrir con la reforma.
También se desprotege a los más pobres y se beneficia a los más ricos: Tramitar un amparo es algo costoso y no cualquiera puede pagar un abogado especialista en la materia para realizarlo, lo que deja en la indefensión ante la autoridad a quienes no puedan solventarlo; más aún, aunque pudieran beneficiarse de forma indirecta esto ya no es permitido.
Además aunque se obtenga un amparo, los jueces no pueden suspender provisionalmente las leyes, obras o acciones del gobierno que hayan dando origen al amparo, por lo que estas continuarían ejecutándose a pesar de que el amparo haya sido otorgado. Por ejemplo, si el gobierno decide que quiere hacer pasar una carretera por donde hoy está su casa y usted se ampara, aunque el amparo le sea otorgado; el juez no puede obligar al gobierno a detener la obra y esta continuará, por lo que, para cuando un juicio determine que usted tiene razón, la obra ya estará terminada y usted se tendrá que conformar con una compensación que, además, será determinada por el propio gobierno. Así de grave lo que se aprobó.
Lo que acaba de ocurrir, mientras se preparaban los festejos del Día del Padre y nos emocionaban los primeros partidos de la Eurocopa, es el haberle dado más poder al gobierno para que pueda tomar decisiones por encima del pueblo, anteponiendo los intereses del grupo gobernante a los de la sociedad y sin que esta pueda hacer nada para frenarlo. Un sabadazo en toda la extensión.