El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este jueves, en votación dividida, el que los proveedores de Internet deben remover contenidos cuando reciben un aviso simple de quienes se ostenten como los titulares de derechos de autor de algún material que sea subido a internet, lo que abre la posibilidad a una forma de censura velada en medios informativos a partir de esta acción.
La decisión surge en el contexto de las impugnaciones a diversos preceptos de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y el Código Penal Federal (CPF). La Corte discutió la acción de inconstitucionalidad 217/2020 y su acumulada 249/2020, resultando en una votación de 6 contra 5 a favor de las reformas que incorporan el procedimiento conocido como “mecanismo de notificación y retirada” o “aviso y retirada” (MAR).
Este mecanismo MAR, aunque diseñado para proteger los derechos de autor, ha sido criticado por organizaciones como Artículo 19 y la Alianza de Medios MX, quienes argumentan que, en la práctica, se utiliza (principalmente por políticos y empresas) para censurar y silenciar a periodistas y medios de comunicación. El principal problema con este mecanismo es que permite la remoción de contenido en línea sin una adecuada verificación, lo que abre la puerta a reportes falsos de violación de derechos de autor además de que no prevé una sanción a quien falsee un reporte o haga uso indebido del proceso.
El mecanismo de notificación y retirada se fundamenta en la idea de que los titulares de derechos de autor pueden solicitar a los proveedores de servicios de Internet que retiren contenido que infrinja sus derechos. Este procedimiento busca proteger la propiedad intelectual de manera eficiente y rápida; sin embargo, la falta de un proceso robusto de verificación antes de la retirada del contenido es un punto crítico que ha generado preocupación entre los principales defensores de la libertad de expresión.
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión han documentado numerosos casos donde el mecanismo MAR ha sido utilizado de manera indebida para eliminar información incómoda o reveladora para ciertos individuos y entidades. Esta práctica no solo afecta la libertad de expresión individual de los periodistas y medios de comunicación, sino que también tiene un impacto negativo en el ámbito social de la libertad de expresión, al restringir el acceso del público a información crucial.
Martha Tudón, oficial del programa de derechos digitales en Artículo 19, fue una de las primeras en manifestar su descontento con la decisión de la Suprema Corte, indicando que esta medida representa "uno de los peores golpes que ha recibido la libertad de expresión en Internet en muchísimos años en México". Tudón explica que la validación de este mecanismo de censura demuestra que los ministros que votaron para mantenerlo en la ley priorizan los derechos de autor sobre la libertad de expresión.
Uno de los principales problemas con el mecanismo de notificación y retirada es que no requiere que la persona que presenta la queja aporte pruebas de la infracción además de que no es necesario que una autoridad administrativa o judicial ordene la retirada del contenido, esto significa que el material informativo puede ser eliminado con solo un aviso, sin una evaluación adecuada de la validez del reclamo por especialistas o un tercero no involucrado que pueda evaluar el valor social de la información y determinar si es más relevante que su impacto individual.
Otro problema que pone en desventaja a la libre expresión es que cuando se presenta un contra-aviso por parte del afectado, el contenido no se restaura automáticamente, deben pasar al menos 15 días hábiles, periodo durante el cual la persona que hizo la notificación inicial decide si procede con una denuncia o demanda ante otra instancia, todo este procedimiento puede resultar en la remoción indefinida del contenido, causando un daño irreparable a la libertad de expresión, especialmente en contextos que dependen de cierta temporalidad como protestas o periodos electorales.
En respuesta a la decisión de la Corte, la Alianza de Medios MX emitió un comunicado pidiéndole implementar salvaguardas necesarias para garantizar la coexistencia armónica entre los derechos a la libertad de expresión y los derechos de autor, estas propuestas para mejorar el mecanismo MAR incluyen:
Un proceso de verificación riguroso que sirva para implementar un mecanismo de revisión y validación más riguroso antes de proceder con la retirada del contenido, asegurando que las quejas sean legítimas y fundamentadas.
También esta la intervención judicial, esto es que se solicite la participación de una autoridad judicial o administrativa antes de la remoción del contenido, para proteger mejor los derechos de los creadores y evitar abusos que permitan utilizar el mecanismo de protección a los derechos de autor como herramienta para coartar la libertad de expresión.
También exige la restitución rápida para asegurar que el proceso de contra-aviso permita la restitución rápida del contenido si la queja inicial no se sustenta correctamente, minimizando el impacto en la libertad de expresión.
Muy importante es la transparencia y rendición de cuentas para los proveedores de servicios de Internet y las plataformas digitales, asegurando que los procesos de notificación y retirada sean claros, justos y que todos aquellos interesados (no solo los involucrados) puedan conocer a detalle lo que está ocurriendo con ese tema.
Una parte muy importante en las propuestas de la Alianza de Medios MX es la protección para periodistas y medios, lo que implica establecer excepciones o protecciones específicas para periodistas y medios de comunicación, reconociendo el papel crucial que desempeñan sus investigaciones en una sociedad democrática y en la lucha contra la corrupción o los abusos del poder.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de validar el mecanismo de notificación y retirada en México mantiene la controversia de forma significativa en torno a un posible conflicto de intereses entre la libertad de expresión y los derechos de autor en donde, además, se le está dando prioridad a estos últimos.
Si bien la protección de la propiedad intelectual es importante, es crucial encontrar un equilibrio que no sacrifique los derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información por lo que la implementación de salvaguardas adecuadas puede ayudar a evitar los riesgos de censura y abuso, garantizando que tanto los derechos de autor como la libertad de expresión sean respetados y protegidos.