La reforma a la supremacía constitucional, publicada el pasado 31 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, representa un hito en el esfuerzo de consolidar el Estado de derecho en México, estableciendo que las controversias y acciones de inconstitucionalidad no proceden contra modificaciones a la Carta Magna y reafirmando así un principio fundamental: nada ni nadie está por encima de la Constitución.
Con este cambio, la Cuarta Transformación fortalece un sistema en el que la voluntad popular, expresada a través del Congreso, adquiere firmeza y estabilidad.
Esta reforma no es una simple disposición legal, sino la continuación de un esfuerzo histórico por consolidar a la Constitución como base del sistema democrático y de los derechos de las mexicanas y los mexicanos. Recordemos que en 1994 se le otorgó mayor autonomía a la Suprema Corte de Justicia, reforzando su papel como guardiana de la Constitución y de los derechos humanos, y que, en el año 2000, en plena transición democrática, se consolidó su función como contrapeso. Ahora, en 2024, se asegura la certeza jurídica de las reformas constitucionales y se protege la estabilidad institucional, lo cual representa un avance hacia un México más justo y democrático.
En este sentido, las y los legisladores no estamos haciendo nada por encima de la ley ni debajo de la vista pública, sólo estamos dejando al pueblo de México una Constitución más fuerte, menos vulnerable a los intereses de algunos, a través de un proceso pulcro, siguiendo todos los pasos que marca la ley y contando con el apoyo del pueblo, que el pasado 2 de junio nos otorgó la gran responsabilidad que conlleva ser mayoría en ambas cámaras. Y aún con esta mayoría, hemos escuchado todas las voces y respetado a la oposición.
Esta oposición critica la reforma, argumentando que representa una amenaza para la democracia, ya que limita la posibilidad de impugnación de modificaciones constitucionales; sin embargo, esta perspectiva ignora el verdadero objetivo de la medida, pues reforzar la supremacía constitucional no es un ataque a la justicia, sino una defensa del Estado de derecho. La reforma no altera la esencia de la ley, más bien la refuerza, garantizando un marco en el que todos los poderes respeten sus límites y prevalezca —sin interferencias— la voluntad constitucional del pueblo.
En paralelo, la reforma al Poder Judicial busca acercar al pueblo al único Poder al que no tenía acceso y sobre el cual no contaba con facultad de decisión. Así, este Poder se vuelve un ente más democrático para la sociedad, que ahora podrá elegir a sus ministras y ministros de la Suprema Corte, las y los magistrados de circuito y jueces de distrito. No dudemos de que nuestra sociedad está lista para esa responsabilidad y que continuaremos caminando por la vía de la democracia, como lo hemos venido haciendo con los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Tanto la reforma sobre supremacía constitucional como la relativa a la elección de las y los jueces, ministros y magistrados mediante el voto popular responden a la demanda ciudadana de un sistema judicial transparente y justo, independiente de designaciones políticas. Con este cambio, la voluntad del pueblo prevalecerá sobre intereses particulares, consolidando un Estado de derecho en el que las reformas constitucionales se implementen sin ser obstaculizadas por impugnaciones interminables. Al reafirmar su compromiso con el bienestar social y la justicia, el Gobierno avanza hacia un México donde las leyes reflejen las demandas de la ciudadanía y fomenten un progreso sostenido.
La Cuarta Transformación ha consolidado una visión en la que los intereses de la población ocupan un lugar central en las decisiones de gobierno, estableciendo un marco en el que los derechos y libertades están protegidos y la justicia se imparte de manera accesible y directa.
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