La iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México (LOAPEM) que se discute en la Legislatura local, adquiere una gran relevancia porque -además de renovar el ordenamiento vigente que data de 1981- definirá las relaciones del Poder Ejecutivo mexiquense con los diferentes sectores de la entidad y del país, al establecer su estructura y funcionalidad.

Cuando se divulgó que el Grupo Parlamentario de morena presentó la iniciativa, la atención se enfocó en la cantidad de secretarías, cambio de denominación y creación de la Oficialía Mayor; sin embargo, la propuesta permite vislumbrar las prioridades que guiarán al gobierno estatal en los próximos años, así como las áreas donde estará el “poder real” en la gestión de Delfina Gómez Álvarez, la primera mujer que gobernará el Estado de México.

No es nuevo que antes del inicio de una gestión se realicen modificaciones legales, porque el marco normativo es lo que le da sustento a una visión política.

Como se plantea en la obra Marco jurídico estructural de la Administración Pública Federal Mexicana, el Estado tiene la potestad (autoridad) para “establecer su forma de gobierno y diseñar el ejercicio de sus propias facultades”, partiendo de la propia Constitución, aunque “para su viabilidad y eficacia requiere de una amplia y diversa derrama legal que de lo general acuda hasta lo más específico de la reglamentación” (INAP, 2015).

En ese sentido, al revisar la iniciativa se identifican los alcances y límites de las dependencias para cumplir sus funciones, y enlista los principios bajo los cuales se regirá la administración: “legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia eficacia (sic), economía y transparencia”, dice la propuesta.

Desde la perspectiva de la comunicación, destaca que ya no se refiere “el Gobernador”, sino “la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado”, lo que es significativo en términos de lenguaje inclusivo. Otro aspecto es la creación de la Vocería de la Gubernatura, ya que la ley -aún vigente- dice que “El Gobernador podría contar, además, con las unidades administrativas necesarias para (…) atender los aspectos de comunicación social...” (artículo 4).

Llama la atención que la iniciativa no establezca que la política de Comunicación Social se determinará en la Gubernatura. La ley federal en la materia sí lo plantea para la Presidencia de la República (y se reformó un día antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador). Ese “pequeño” cambio le ha permitido mantener el control y su posicionamiento.

Por todo ello, el texto final de la Legislatura será el mapa de ruta del ejercicio del poder en el Estado de México.

PERCEPCIÓN

En la LOAPEM no hay referencia explícita al respeto a las libertades de prensa y de expresión. Dejarlo asentado enviaría un mensaje positivo.

Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx.

Presidente del Consejo Ciudadano del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Twitter: @RJoyaC