En nuestro país, para reducir la violencia en contra de las niñas y las mujeres se hacen muchísimas cosas; se recuperan espacios públicos abandonados y se transforman en parques y jardines equipados para actividades infantiles y deportivas; se instalan luminarias en calles consideradas inseguras y, muchas veces también se colocan videocámaras de seguridad; elementos de la policía abordan autobuses y revisan las propiedades de los pasajeros; se capacita permanentemente a grupos de hombres y mujeres por medio de programas públicos y privados en talleres, cursos, diplomados y posgrados; se crean cuerpos de seguridad o "policías rosas", especializados en género; se redactan protocolos de atención a víctimas y a sus familiares y se capacita a los servidores públicos en esa sensible actividad; se busca a mujeres desaparecidas; se desarrollan capacidades de emprendimiento por medio de oficios a las mujeres; incluso abundan clases de acondicionamiento físico enfocados ara ellas, incluyendo las de defensa personal entre un cúmulo de acciones más en su favor. Evidentemente, todo ello implica un enorme esfuerzo y una cantidad de recursos públicos invertidos extraordinaria. Sin embargo, mientras se sigan realizando todas estas importantes acciones, la violencia feminicida continuará ocurriendo, como ha sucedido desde que se iniciaron y hasta ahora.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, todas esas actividades gubernamentales tienen un problema de diseño. En ninguna de las acciones enlistadas existe evidencia empírica; es decir, no hay pruebas que acrediten que esas tareas inciden en la violencia contra niñas y mujeres. Técnicamente hablando es posible afirmar que la hipótesis sobre la cual los servidores públicos buscan mejorar las condiciones de vida de la población que se pretende beneficiar realizando esas tareas, está equivocada. No será con desarrollo urbano, política social, asistencia pública, desarrollo económico, ni mejoramiento del capital humano, como se resolverá un problema de seguridad y justicia, como lo es la violencia feminicida y la percepción social de inseguridad.
Los expertos y los avances científicos nos dicen que la inseguridad y la injusticia es un problema de debilidad del Estado de Derecho, y la evidencia recogida de las mejores prácticas en México y el mundo demuestran que la hipótesis correcta es: a un Estado de Derecho fuerte y democrático, corresponde una sociedad segura, justa y pacífica, en la que la violencia se reduce a su mínima expresión.
No se trata de dejar de hacer todo lo dicho en el párrafo inicial, sino en dejar de suponer que así se fortalece el Estado de Derecho y se abate la violencia.
El camino para proteger con eficacia a las niñas y mujeres es más corto, pero más difícil, aunque también más eficaz y menos costoso. Es una vía de dos rieles, la que fortalece el Estado de Derecho: policía municipal civil, apta para recibir denuncias e investigar todo acto contrario a la ley; y justicia cívica que resuelva en lo local, ante autoridad municipal, la mayor cantidad de conflictos entre las personas, y libere al Ministerio Público de tareas que no le corresponden, para que éste se enfoque en su única labor: representar los intereses de la sociedad, ante la autoridad jurisdiccional. Estado de Derecho, para abatir la violencia feminicida.
@HuicocheaAlania