Salvar la vida de los mexicanos; detener el ritmo de contagios del virus SARS-COV2; acelerar la vacunación con un plan nacional amplio, claro, transparente y comprensible para las personas; reactivar la economía; incrementar la inversión pública en infraestructura para la producción y el comercio; fomentar la inversión privada y la libre competencia económica; impedir las prácticas de extorsión y multiplicar los ingresos de los gobiernos locales; garantizar la seguridad pública; restablecer el Estado de Derecho, y aumentar la cobertura y calidad de la educación, son los desafíos que enfrenta la Administración Pública en nuestros días, y que bien podemos agrupar en tres agendas de trabajo: la de salud, la de economía y la de gobierno.
La primera, dado que el Ejecutivo Federal centralizó el manejo de la pandemia en una persona, y no en el Consejo Nacional de Salud, como mandata la legislación, no solo ha desplazado a las administraciones públicas estatales y municipales, restringiéndoles al mínimo cualquier margen de actuación, provocando que estas puedan hacer poco más allá de los persistentes llamados a adoptar las consabidas medidas de sanidad, en espera de la llegada de las vacunas, proceso sobre el cual nada más se tiene por ahora una certeza: no están llegando al país.
En la segunda agenda de trabajo, consistente en reactivar la economía, incrementar la inversión pública en infraestructura para la producción y el comercio, y fomentar la inversión privada, a lo que habría que agregar: mantener finanzas públicas sanas, los gobiernos estatales y municipales sí tienen injerencia y alto grado de responsabilidad, por eso llama la atención que el año pasado dejaran de invertir más de 14 mil millones de pesos, lo que representó un 13 por ciento menos respecto a lo presupuestado, y no por falta de recursos, pues dedicaron al menos la mitad de ese dinero a otros gastos, de acuerdo con el IMCO (https://imco.org.mx/como-gastan-los-estado). Es deseable que en 2021 el gasto previsto para infraestructura no solo se ejerza sino, hasta donde se pueda, se incremente, transparentándolo y cuidando la calidad de la obra pública. También es importante que los gobiernos locales, especialmente los municipales, lleven a cabo acciones de promoción de las actividades económicas en sus demarcaciones, preferiblemente las de tipo formal, para lo cual pueden aprovechar herramientas tecnológicas útiles para el registro de las empresas o negocios, su regulación y control, evitando la discrecionalidad de los inspectores y, en esa medida, abatiendo la corrupción.
Pero sin duda es la tercera agenda, la de gobierno, la que más exige de la Administración Pública, para garantizar la seguridad y restablecer el Estado de Derecho en nuestras comunidades; para lo cual es indispensable la medición de los resultados pues, sabiendo que conforme a todos los indicadores, el rendimiento de los cuerpos de seguridad municipal es reprobatorio, para mejorarlos es fundamental precisar en qué nivel se encuentran, y trazar una serie de acciones precisas y evaluables, a efecto de mejorar en plazos cortos y paulatinos, de modo que, en un horizonte de meses, el cambio sí sea palpable, y permita reactivar la vida institucional y económica de México, incluso con más fuerza que antes de que iniciara el confinamiento.
En el caso específico del Estado de México, no hace falta sino revisar las actividades del Gobernador en las primeras semanas del año, para constatar que las inversiones sí se han traducido en obras de infraestructura educativa y para el aprovechamiento de la ventaja comparativa de la entidad como plataforma de exportación hacia América del Norte, entre otras, conforme a la agenda económica mencionada. Complementariamente, el Instituto de Administración Pública del Estado de México, en alianza con organizaciones de especialistas, trabaja coordinadamente con la Secretaría de Seguridad, a efecto de incidir también en la tercera agenda de trabajo, para consolidar el Estado de Derecho en la entidad, comenzando por diagnosticar integralmente la situación de la policía estatal, al tiempo de ofrecer alternativas metodológicas a los ayuntamientos, para que también ellos puedan evaluar percepción e incidencia delictivas, y para certificar a sus policías con el fin de dar respuestas satisfactorias a los desafíos de nuestra época. La Administración Pública mexiquense avanza así, en la ruta de la reactivación.
@HuicocheaAlanis
