Seamos pragmáticos, concentrémonos en lo importante: recuperemos la seguridad, restauremos la justicia y devolvamos la paz a los municipios en los que vivimos.
En realidad, poco importa si la Guardia Nacional (GN) resulta adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues más del 80 por ciento de los efectivos que la componen ya son militares; de todos modos, el costo de esa corporación es enorme e infructuoso, y sus resultados decepcionantes (menos de 15 mil detenciones de personas sospechosas, según datos oficiales, la mayoría de las cuales terminarán en libertad).
Tampoco es relevante si la Suprema Corte de Justicia de la Nación valida la aplicación de la antidemocrática Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), pues ésta ya se utiliza a discreción y está trayendo como consecuencia que las prisiones se saturen de personas inocentes y pobres, mientras la impunidad no para de crecer y la percepción de inseguridad se generaliza. Esas tres nefastas tendencias van a continuar, independientemente de cómo transcurra el debate jurídico, y de cómo lo resuelvan los ministros de la Corte.
Puesto que las posiciones de los protagonistas son claras: el Ejecutivo Federal impulsando la militarización plena de la Guardia Nacional, y a favor del uso de la Prisión Preventiva Oficiosa; mientras que las oposiciones, junto con el segmento de la sociedad que se pronuncia en medios de comunicación y redes sociales en contra, y el temeroso silencio de muchos más, insistir en esas discusiones resulta francamente estéril. A la federación no le asiste la razón, y a los demás no les alcanzan las fuerzas para modificar la posición de la primera.
Dado que ni la GN ni la PPO resolverán el problema que más nos urge, y estorban para la libre solución de todos los demás pendientes (educativo, económico, ecológico, de salud, social, etc.), terminan por no ser más que distractores.
Es preciso insistir, a riesgo de parecer monotemático; la prioridad es fortalecer el Estado de Derecho en nuestras comunidades, para lo cual es indispensable que todas las conductas antisociales, desde las faltas administrativas, las pequeñas violaciones de tránsito y, en general, todas las que afecten la convivencia de las personas, sean vigiladas por la autoridad más cercana a la problemática, y que todas sean debidamente juzgadas por la autoridad local y, en su caso, sancionadas, preferentemente, castigando a los responsables con trabajos en favor de la comunidad, cumplimiento de tratamientos, terapias, cursos y talleres que modifiquen positiva y ejemplarmente su comportamiento. En pocas palabras, que se haga justicia cívica en el ámbito municipal, y que esta autoridad sea independiente del ayuntamiento y libre de coacción política o partidista.
Complementariamente, fortalecer a la policía más eficaz con la que contamos los mexicanos, la que realiza más detenciones que cualquier otra (7 de cada 10 arrestos), a pesar de las deficientes condiciones en las que opera: la policía municipal. Robustecerla para subsanar todas las deficiencias que ciertamente tiene, y desarrollarla hasta que el trabajo de policía municipal, sea una de las más dignas maneras de servir a la patria.
@HuicocheaAlanis