Desde una perspectiva de derechos humanos y de la organización electoral, destacan las medidas tomadas por el Estado mexicano para garantizar los derechos político-electorales de personas con discapacidad, limitaciones físicas y aquellas que se encuentren en prisión preventiva.
Esta modalidad de votación es una forma de garantizar que personas que no puedan acudir a una casilla electoral el próximo 2 de junio, puedan ejercer su voto. Para ello, las autoridades electorales han tomando acciones para proporcionarles a la personas su oportunidad de participar en la jornada electoral de manera fácil y accesible.
Si bien desde 2006 fue la primera vez en que se puso en marcha el voto de los mexicanos residentes en el extranjero (a través de la vía postal), es de destacar que para esta elección, por primera vez las 32 entidades federativas dentro de nuestro territorio nacional, participarán en la modalidad del “Voto Anticipado” en estas elecciones.
Más allá de la efervescencia de esta elección, cabe resaltar aspectos del proceso electoral como el “Voto Anticipado”. Se trata de una modalidad que permite que las y los electores que entre 2018 y 2023 solicitaron su credencial para votar desde su domicilio y que por motivos de discapacidad o limitación física no puedan presentarse en una casilla el día de la jornada electoral, tengan la posibilidad de votar desde su vivienda en los días previos a la elección.
Del 6 al 20 de mayo, las personas inscritas para el “Voto Anticipado” pudieron ejercer su derecho, ya sea desde la comodidad de su hogar o desde distintos centros penitenciarios. Cabe notar que el escrutinio y cómputo de los votos no será realizado antes del día domingo 2 de junio, sino hasta el día de la jornada electoral.
Para el proceso electoral en curso, el 86% de 4,002 personas ejercieron su derecho al voto bajo esta modalidad. La CDMX tuvo la mayor cantidad de personas a inscritas a participar, pero estados como Tamaulipas, Yucatán, Chiapas, Coahuila, Baja California, Puebla, Zacatecas, Colima y Nuevo León fueron estados que superaron el 90% de la participación.
Respecto al “Voto de Personas en Prisión Preventiva”, cerca de 31 mil personas en prisión preventiva estuvieron inscritos en el listado de electores correspondiente, de los cuales, el 86% pudieron ejercer su voto en estas elecciones.
La participación mas alta en los estados respecto al “Voto de Personas en Prisión Preventiva” fue en Durango con el 94%, el Estado de México y Oaxaca con el 93%, Jalisco con el 92%, Coahuila, Quintana Roo y Nayarit con el 91% y Tlaxcala con el 90%.
Como dato no menor destaca que, por primera vez, el INE promovió la transmisión de los debates presidenciales en cada uno de los centros penitenciarios para poder fomentar un voto informado.
Los resultados arrojados en esta forma de votación, en el marco de la elección de 2024, marcan un precedente para que las autoridades electorales sigan ampliando las facilidades para que las personas limitadas en su movilidad y personas en prisión preventiva puedan ejercer sus derechos político-electorales.
Ante el imperativo que marca el artículo 1º constitucional en materia de progresividad y universalidad de los derechos humanos, queda claro que no hay otra opción que no sea seguir mejorando las condiciones para que todas las personas en condiciones de votar estén en la libertad de hacerlo.
