Si los gastos e ingresos no van de la mano, corremos el riesgo de llegar a la quiebra, por lo que el gasto debe de ser muy responsable así como el manejo de la deuda. Las prioridades están claras al favorecer a los programas sociales que en el corto plazo dan bienestar y son políticamente rentables; pero afectan al sector salud, educación y una moderación en obra pública, los cuales son detonadores del desarrollo en el mediano plazo.
El pasado viernes 14 de noviembre se aprobó el presupuesto de egresos del primer año de gobierno que bien podría ser el séptimo de la llamada cuarta transformación desde 2018. El presupuesto 2025 puede calificarse como de continuidad, destacando una reducción de recursos de casi 9% en relación a 2024 con la finalidad de generar estabilidad para el nuevo gobierno.
Los cambios afectan principalmente al sector salud, educación, energía; y favorecen a los programas sociales como el de adultos mayores que ha tenido un incremento consistente desde 2018.
El antecedente inmediato anterior del 2024 (año electoral) resulto ser el de mayor déficit fiscal registrado en 30 años, es decir que se gastó más de lo que se ingreso. De manera general, los gobiernos gastan más, por lo que recurren a endeudarse para cumplir con sus objetivos, pero esto debe de darse bajo el control de determinadas variables. Uno de los objetivos del actual presupuesto, era reducir el citado déficit a la mitad. Al final paso de 5.9% del PIB en 2024 a 3.9% en 2025. Para lograrlo se propuso una doble estrategia que combina recortes significativos al gasto público, y un ligero incremento en los ingresos tributarios.
Las críticas al presupuesto apuntan a la reducción de recursos para educación, salud y medio ambiente, afectando a universidades públicas, programas de vacunación y vigilancia epidemiológica y disminuciones en el sector de cultura y desarrollo del campo, y de basarse en supuestos optimistas como el de crecimiento económico que se estima entre 2% y 3%, y de basarse en la estabilidad en los mercados internacionales que contrasta con las estimaciones mesuradas del Banxico y de especialistas que apuntan al 1%, basadlas en un entorno internacional incierto.
Por otro lado, la calificadora Moodys cambio recientemente la perspectiva crediticia de México de estable a negativa, lo que refleja preocupaciones sobre el debilitamiento de las instituciones como la implementación de la reforma judicial a través de la elección de jueces por voto popular y las políticas económicas en el país. A los mercados no les agradan este tipo de reformas, en tanto que las autoridades han desestimado los mensajes de los mercados. En el peor escenario, podríamos llegar a perder el grado de inversión en medio de las negociaciones comerciales del tratado comercial (TMEC) con Estados Unidos y Canadá, y sus nuevos liderazgos nacionalistas como Donald Trump.
En el marco de las reducciones, destacan la caída de recursos para dos de los tres programas insignias del sexenio anterior como son Dos Bocas, y el Tren Maya, pero el aumento significativo al Aeropuerto Felipe Angeles (AIFA), lo cual puede ser una buena noticia como polo de desarrollo regional para el oriente del estado de México, y algunos municipios del estado de Hidalgo. Otro de los afectados del presupuesto, son las entidades federativas que recibirán menos recursos.
Como en una economía familiar, si los gastos e ingresos no van de la mano, corremos el riesgo de llegar a la quiebra, por lo que el gasto debe de ser muy responsable así como el manejo de la deuda. Las prioridades están claras al favorecer a los programas sociales que en el corto plazo dan bienestar y son políticamente rentables; pero afectan al sector salud, educación, los cuales son detonadores del desarrollo en el mediano plazo.
